La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina confirmó el martes 10 de junio de 2025 la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. Esta decisión se enmarca en la causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de contratos de obra pública durante los gobiernos de la sentenciada y su esposo, el fallecido Néstor Kirchner. Este fallo cierra un proceso judicial que comenzó en 2016 y establece un precedente en la historia democrática del país.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por legisladores y se centró en el direccionamiento sistemático de contratos de obra pública vial entre 2003 y 2015. Estos contratos favorecieron al empresario Lázaro Báez, quien está vinculado a la familia presidencial. Austral Construcciones, la empresa de Báez, recibió 51 contratos por más de 46,000 millones de pesos para la realización de rutas y caminos en la provincia de Santa Cruz.
La investigación judicial reveló que las licitaciones estaban diseñadas para que Báez siempre resultara ganador. Muchas de las obras no se completaron, fueron abandonadas o se cobraron con sobreprecios. Se identificó un esquema de corrupción estructural en el manejo de fondos públicos.
Condena y apelaciones
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Aunque también se la acusó de asociación ilícita, este cargo fue desestimado por el tribunal. El martes pasado, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la sentencia, lo que significa que la condena queda firme y se habilita su ejecución.
Consecuencias de la condena
Con esta decisión, Cristina Fernández de Kirchner queda legalmente inhabilitada para ejercer cualquier cargo público. Esto abre la posibilidad de que se ordene su detención o prisión domiciliaria, dependiendo de su situación procesal y su estado de salud. El fallo pone fin a una larga batalla judicial que se extendió durante varios años y refuerza otras investigaciones en las que enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y encubrimiento agravado.
Un hecho sin precedentes
La condena representa un hecho sin precedentes y redefine el escenario político argentino ante las próximas elecciones. Por primera vez en la historia democrática del país, una expresidente ha sido condenada con una sentencia firme por corrupción en el ejercicio del poder.