El Gobierno de Bolivia ha expresado su condena ante las amenazas que recibió la periodista Soledad Prado Nogales, quien trabaja para InfoYapacaní. Estas amenazas provienen de usuarios en redes sociales que son afines a Evo Morales. La situación se desató después de que Prado cubriera un reclamo de los vecinos en Yapacaní, Santa Cruz.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que ya se ha establecido contacto con la periodista para ofrecerle las garantías necesarias y el acompañamiento adecuado. “El periodismo es una labor valiente y esencial para la democracia”, afirmó Alcón.
Amenazas en redes sociales
Las amenazas dirigidas a Prado y su familia fueron difundidas en diversas redes sociales. Según la denuncia presentada por la periodista, los mensajes amenazantes fueron publicados por los usuarios Mirtha Yucra Aymuro y Gustainer Apata Arce.
En su denuncia, Prado menciona que Mirtha Yucra, desde su perfil de Facebook, amenazó su integridad física y la de sus familiares con el siguiente mensaje: “Advertencia para InfoYapacaní, que sea la última vez que esté mal informando a la población diciendo que están causando zozobra los que están en caravana, caso contrario te atienes a las consecuencias porque conocemos sus casas y no nos hacemos responsables por cualquier cosa que les llegue a pasar a ustedes o sus familiares, okey, así o más claro??”.
Advertencias de otro usuario
Por su parte, Gustainer Apata Arce también lanzó una amenaza, diciendo: “Soledad Prado, estás jugando con fuego y eso no se hace, porque mal informar a la población diciendo que esto es vandalismo, entonces ya estás advertida, no creo que quisieras estar de luto por decir cosas que no son”.
Defensa del periodismo
Alcón destacó la importancia del trabajo de la prensa, afirmando que “quienes informan con responsabilidad merecen respeto, no amedrentamiento”. Además, subrayó que “una sociedad democrática no puede ser rehén de grupos violentos que actúan por interés personal”. El Estado, según Alcón, se compromete a velar y hacer cumplir la ley en resguardo de la población boliviana.
La situación se vuelve más preocupante cuando las amenazas provienen de sectores organizados que buscan silenciar voces críticas en el país.
