La Corte Suprema de Argentina ha rechazado el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández. Con esta decisión, se confirma su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales. La resolución fue adoptada de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este fallo se produjo ocho días después de que Fernández anunciara su candidatura como legisladora para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, programadas para septiembre.
Posible detención inminente
Tras esta decisión, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir con la condena. La expresidenta ha calificado este caso como un ejemplo de “lawfare”, que se refiere a la persecución judicial y política. El fallo indica que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa”.
Salvaguarda del debido proceso
El fallo también añade: “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”. Así, se ratificó la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Este fallo debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022.
Posibilidad de prisión domiciliaria
La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, dado que es mayor de 70 años, habiendo cumplido 72 en febrero pasado. Al haberse alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios, que será el 19 de julio, Fernández queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y en cualquier otra.
Detalles del caso Vialidad
La causa por la que fue condenada, conocida como “Vialidad”, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.
Revisión de la condena
En noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien luego recurrió al Supremo. En declaraciones este lunes en la sede de su partido, antes del fallo, Fernández definió a la Corte Suprema como “guardia pretoriana del poder económico”. Además, sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan “libres” por las calles. Para ella, “estar presa es un certificado de dignidad”.
