La Defensoría del Pueblo, junto a 55 instituciones de la sociedad civil, emitió un pronunciamiento conjunto este lunes 9 de junio de 2025. En este comunicado, hacen un llamado a todos los sectores para que no intensifiquen los conflictos sociales y busquen soluciones a través del diálogo, con el objetivo de superar la crisis actual.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que este pronunciamiento está dirigido a una amplia gama de actores. Entre ellos se encuentran los sectores políticos, las autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, los sectores movilizados, los partidos políticos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
El mensaje conjunto enfatiza que la única forma de superar la crisis actual es mediante el diálogo. Además, subraya que este diálogo debe llevarse a cabo a través de los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución. Por lo tanto, se hace hincapié en que las elecciones generales programadas para agosto de 2025 deben realizarse sin presiones, amenazas ni desinformación, y en un ambiente libre de temor y conflictos.
Responsabilidad democrática
Las organizaciones que firman el pronunciamiento exigen que los actores políticos actúen con responsabilidad democrática. También piden que eviten discursos de odio o amenazas contra instituciones públicas o sociales, ya que estas conductas pueden incitar a la violencia o vulnerar derechos fundamentales.
Asimismo, el pronunciamiento solicita al Gobierno que regule el accionar de la fuerza pública de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. A la vez, se insta a que se abstenga de desplegar fuerzas militares durante manifestaciones pacíficas.
Garantías para el proceso electoral
Por otra parte, se exhorta al Órgano Electoral a hacer valer sus competencias y garantizar un proceso electoral íntegro y competitivo. Según el pronunciamiento, es fundamental respetar las fechas del calendario electoral y asegurar transparencia en todas sus etapas.
En cuanto a los sectores movilizados, el mensaje conjunto les recuerda que deben ejercer sus derechos dentro del marco democrático. También se les insta a evitar la violencia contra personas ajenas a las protestas y a garantizar el paso libre de ambulancias y vehículos de emergencia. Solo las manifestaciones pacíficas cuentan con protección plena.
Convocatoria al diálogo
Las fuerzas políticas y sociales son convocadas a crear espacios seguros e inclusivos para el diálogo. Este debe ser priorizado como mecanismo de solución frente al uso de la fuerza, buscando acuerdos sobre los principales problemas del país.
A la ciudadanía se le pide mantener una actitud vigilante y crítica, sin recurrir a la violencia. El pronunciamiento también hace un llamado a comprometerse con la democracia, los derechos humanos y la construcción de soluciones pacíficas.
Protección a periodistas
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, destacó que el pronunciamiento incluye una exhortación directa contra la violencia hacia los periodistas. Además, solicitó a la Defensoría del Pueblo que proteja el trabajo informativo ante la creciente desinformación y agresiones provenientes de sectores movilizados.
Por su parte, Rocío Ricaldi, de la Coordinadora de la Mujer, afirmó que el pronunciamiento busca preservar la institucionalidad del Estado y garantizar un proceso electoral legítimo. En ese sentido, destacó que la ciudadanía tiene la responsabilidad de asegurar la realización de las elecciones.
Objetivo de certeza electoral
Desde el Centro de Investigación del Campesinado, Marco Antonio Albornoz señaló que este respaldo colectivo tiene como objetivo brindar certeza sobre la realización de los comicios. En su opinión, lograrlo será un paso fundamental para superar la actual crisis multisectorial.
Finalmente, Susana Saavedra Badani, directora de la Fundación Construir, explicó que la adhesión a este comunicado responde a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En su informe, esta instancia urgió a asumir acciones responsables en contextos de crisis como el que atraviesa el país.
LDVY
