La Fiscalía Departamental de Cochabamba ha ordenado el repliegue inmediato de fiscales y personal de apoyo desde el trópico de Cochabamba hacia Sacaba. Esta decisión se toma en respuesta a la creciente conflictividad en la región, donde se han reportado amenazas y bloqueos.
La instrucción fue dada por el fiscal departamental Osvaldo Tejerina y cuenta con el respaldo del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Esta medida se implementa en un contexto de hostilidad hacia los servidores públicos que se ha intensificado desde noviembre de 2024.
Medidas de seguridad para fiscales
Tejerina ha solicitado a los funcionarios que se trasladen con lo “esencial” y que eviten portar “credenciales o distintivos institucionales”. Esta recomendación se hace como medida preventiva mientras se busca estabilizar la situación en la región.
El Fiscal General, Roger Mariaca, ha explicado que esta decisión tiene como objetivo preservar la integridad física de los servidores públicos. “Se les ha instruido considerar el repliegue a un lugar más cercano y que se considere seguro para ellos”, afirmó en una conferencia de prensa.
Coordinación con la Policía
La Fiscalía General también ha solicitado al Comando Departamental de la Policía de Cochabamba y a las Estaciones Policiales Integrales (EPIs) que implementen medidas de seguridad más estrictas. Esto es para proteger al personal fiscal, judicial y policial que aún se encuentra en las localidades del trópico.
A pesar de las amenazas y los riesgos, Mariaca ha subrayado que el Ministerio Público mantendrá su presencia en la zona. Esto es para garantizar el procesamiento de posibles delitos en coordinación con la Policía Boliviana y el Órgano Judicial.
Aumento de la tensión social
La situación actual refleja un aumento en la tensión social en la región del trópico de Cochabamba. En este contexto, se han intensificado las acciones por parte de grupos afines a Evo Morales.
Hasta la fecha, según Mariaca, más de 20 personas han sido cauteladas. Algunas de estas personas están bajo detención preventiva, mientras que otras se encuentran bajo medidas sustitutivas.
Identificación de implicados
Las autoridades tienen la intención de continuar trabajando en conjunto con las fuerzas del orden. Esto es para identificar y procesar a quienes estén implicados, ya sea de manera intelectual o material, en actos que atenten contra derechos fundamentales y el orden público.
Las autoridades buscan asegurar tanto la operatividad del sistema judicial como la protección del personal involucrado. Esto se realiza ante un panorama complejo marcado por bloqueos y amenazas directas.
