La concejal Edmée Castillo Rojas anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de la Ley de Patentes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Esta ley fue promulgada recientemente por el alcalde Adhemar Wilcarani y, según Castillo, varios artículos de la norma afectan negativamente al sector profesional independiente.
Origen de la iniciativa
Castillo explicó que esta iniciativa legislativa se originó en el Ejecutivo Municipal. Se trabajó en conjunto con la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales, que es representada por Abdón Veliz.
La propuesta fue presentada ante el Concejo Municipal de Oruro en octubre de 2024. Desde ese momento, el sector gremial ha estado insistiendo en la aprobación de esta ley.
Presiones durante el tratamiento
En abril de 2025, cuando se trató la ley en el Concejo Municipal, Veliz estuvo presente junto a sus asociados, quienes “presionaron” para que la ley fuera aprobada.
A pesar de su aprobación, sectores como la Federación Departamental de Profesionales de Oruro, comerciantes y juntas vecinales manifestaron su rechazo a la ley. Argumentan que no fue consensuada ni socializada con ellos y que afecta su economía.
Recurso ante el TCP
Después de que el alcalde Adhemar Wilcarani promulgara la ley el jueves pasado, Castillo indicó que los sectores que se oponen a la norma podrán presentar recursos para su derogación o abrogación. Ella misma anunció que ya tiene preparado el recurso para presentar ante el TCP.
Según Castillo, los artículos 5, 6, 7, 9 y 12 de la norma vulneran principios constitucionales. Considera que imponen medidas desproporcionadas e injustas para quienes ejercen una profesión de manera independiente. “Seguramente el lunes será admitido este recurso, que busca respaldar al sector profesional afectado por esta norma”, manifestó Castillo.
Descontento generalizado
La ley fue impulsada por sectores gremiales y aprobada en medio de presiones. Sin embargo, las reacciones adversas reflejan un descontento generalizado entre profesionales independientes y otros grupos afectados.
Estos sectores consideran que las disposiciones legales impactan negativamente en sus actividades económicas y laborales. La situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los profesionales que se ven afectados por la nueva normativa.
