El abogado Thomas Becker informó este viernes que la salida de prisión de Arturo Murillo, quien fue ministro durante la gestión de Jeanine Áñez, se ha adelantado para el 21 de junio de 2025. Becker espera que Murillo sea expulsado de Estados Unidos.
El abogado explicó que existen “algunos” caminos para que Murillo regrese a Bolivia, siendo la extradición una opción. Sin embargo, indicó que lo más probable es que se lleve a cabo una deportación o expulsión.
Becker aclaró que una persona que comete delitos graves, como soborno o lavado de dinero en Estados Unidos, generalmente es deportada a su país de origen. Por ello, sugirió al Gobierno boliviano que realice un seguimiento a este proceso y que esté atento para evitar que Murillo “escape” a un tercer país.
“No sabemos cuándo va a pasar y el Gobierno debe estar en contacto con los Estados Unidos. Lo más probable es que vaya a un centro de detención de migrantes y se lo libere en un par de días o meses. Esa no es una información que un ciudadano gringo pueda conseguir, solo los gobiernos pueden conseguir la información”, señaló Becker.
El abogado también explicó que si Murillo solicitó asilo en Estados Unidos, el proceso podría prolongarse durante meses, manteniéndolo en ese centro de detención de migrantes.
“No sabemos si pidió asilo, pero me imagino que sí. Él está tratando de evitarlo y no quiere regresar a Bolivia porque tiene tantos procesos”, manifestó Becker.
Detalles del caso Murillo
En octubre de 2022, Murillo se declaró culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero. En enero de 2023, la Justicia de Estados Unidos lo sentenció a 70 meses, es decir, 5.8 años de prisión.
La Justicia estadounidense indicó en ese momento que Murillo conspiró para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a obtener un lucrativo contrato con el Gobierno.
Compra de material antidisturbios
En 2019, apenas una semana después de que Jeanine Áñez asumiera el poder, el entonces ministro de Gobierno, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) a través de la firma Cóndor.
Bolivia pagó 5.6 millones de dólares por un lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios. Según las investigaciones, 2.3 millones de dólares de esa suma fueron considerados sobreprecio.
Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin el reporte legal correspondiente. Como resultado de esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por los delitos de soborno y lavado de dinero.
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