El Gobierno anunció la noche del miércoles 4 de junio que presentará una denuncia penal contra el exmandatario Evo Morales. Esta denuncia incluye al menos 7 delitos, entre los que se encuentran terrorismo e instigación pública a delinquir. La decisión se tomó tras la difusión de audios en los que, supuestamente, Morales instruye a cercar la ciudad de La Paz y promover bloqueos para forzar su habilitación como candidato en las elecciones generales.
El ministro de Justicia, César Siles, informó que la denuncia será formalizada a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). Además, la denuncia también alcanzará a otros actores que, según el Gobierno, están coordinando acciones para desestabilizar el país. Estas acciones buscan impedir el desarrollo del proceso electoral y provocar desabastecimiento.
Según el Gobierno, el documento incluirá delitos como terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad. También se mencionan atentados contra la libertad de trabajo, la seguridad de servicios públicos, la libertad de locomoción y la obstaculización de procesos electorales.
Reacciones del Gobierno
“Los hechos son públicos y notorios. La intención de cercar La Paz para habilitar a una persona que no cumple los requisitos constitucionales constituye un acto ilegal y peligroso para la democracia”, afirmó Siles en una conferencia de prensa conjunta con los ministros de Gobierno y de la Presidencia.
El detonante de esta acción legal fue la divulgación de un audio en el que Morales aparentemente instruyó a un dirigente rural sobre cómo organizar el cerco a ciudades como La Paz. El dirigente Rudy Capquique, quien difundió el material, aseguró que la orden fue transmitida por Morales a todos sus seguidores.
Más grabaciones en camino
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que existen más grabaciones que serán dadas a conocer en los próximos días. En estas grabaciones, supuestamente se evidencian otras instrucciones para desestabilizar el país. “Son planes que buscan forzar su habilitación con violencia y zozobra”, declaró.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó que Morales ya tiene una orden de aprehensión pendiente. Esta será ejecutada cuando existan condiciones de seguridad, ya que el exmandatario se encuentra resguardado por seguidores en la zona de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Según la autoridad, Morales ha convertido esa región en un fortín con miles de civiles armados.
Exhortación del Ejecutivo
En paralelo, el Ejecutivo exhortó a quienes bloquean las carreteras por escasez de combustible a permitir el paso de camiones cisterna. Sin embargo, no se pronunciaron sobre las causas estructurales de la crisis económica ni sobre el incremento de precios en la canasta familiar.
Indicaron que la denuncia contra Morales también será puesta en conocimiento de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, advirtieron que algunos de los hechos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad.
