El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha ordenado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que, en un plazo de 48 horas, lleve a cabo la desocupación de más de 54.000 hectáreas de tierras comunitarias que han sido ocupadas desde el año 2017 por grupos interculturales.
Durante una conferencia de prensa, la magistrada del TCP, Isidora Jiménez, destacó la importancia de este fallo, calificándolo como “histórico en la defensa de los derechos ancestrales de territorialidad de los pueblos indígenas”.
Jiménez subrayó que esta decisión representa una victoria tanto simbólica como jurídica para los pueblos indígenas. Además, mencionó que esta sentencia podría tener un impacto significativo a nivel nacional e internacional en lo que respecta a las normas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medioambiente.
Políticas ambientales
El fallo también establece la necesidad de implementar políticas ambientales que protejan a los pueblos indígenas frente a “los asentamientos ilegales y la explotación indiscriminada de recursos naturales”.
Asimismo, esta decisión podría dar lugar a auditorías jurídicas sobre procesos de saneamiento que han sido ejecutados anteriormente por el INRA.
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