La Federación Departamental de Profesionales de Oruro ha decidido tomar acciones legales en respuesta a la posible promulgación de la Ley Municipal de Patentes. Esta decisión se produce tras el análisis realizado por el Concejo Municipal de Oruro (CMO), que devolvió la normativa al Ejecutivo Municipal debido a las observaciones planteadas por el alcalde Adhemar Wilcarani.
Evert Revollo, quien es el presidente de la Federación Departamental de Profesionales de Oruro, manifestó que la intención del alcalde de promulgar la ley es evidente. “La intención es promulgar, así parece, porque se han devuelto a la Alcaldía las observaciones del Concejo; en las 2 instancias que han entregado al alcalde indican que no quieren que nazca la ley. Entonces, el alcalde seguramente, dentro de los 3 días que le competen la parte administrativa, lo va a promulgar, eso es casi seguro”, comentó Revollo.
Preparativos legales
En caso de que se lleve a cabo la promulgación, el sector profesional ha afirmado que ya tiene lista la parte legal para tomar las acciones necesarias contra la norma. “Esperemos que no lleguemos a existencia, pero son armas legales, además constitucionales, para poder tener representación y hacer sentir nuestra voz de todos los sectores sociales. No estamos hablando solo de profesionales; a nosotros nos convenía de repente aceptar la presente ley y decir que políticamente hemos actuado”, agregó el presidente de la federación.
Controversia en la normativa
El Concejo Municipal ha analizado informes sobre las observaciones a la Ley Municipal de Patentes y ha decidido devolverla al Ejecutivo Municipal. Esta normativa ha generado un gran debate entre diversos sectores sociales y profesionales en Oruro. La federación busca anular esta ley y trabajar desde cero en una nueva propuesta que beneficie a todos los involucrados.
Objetivo de la federación
Revollo subrayó que su objetivo es garantizar beneficios para todos los sectores sociales que participen en esta alianza. Aseguró que la lucha contra la normativa no es de carácter político, sino social. La situación actual refleja un descontento generalizado hacia las decisiones tomadas por el Ejecutivo Municipal respecto a esta normativa.
