Sucre Justicia Policial

Detención preventiva para pareja acusada de estafa inmobiliaria en Sucre

Penal San Roque de Sucre / Referencial
Una pareja de adultos mayores enfrenta cuatro meses de prisión tras ser acusados de vender fraudulentamente más de 18 departamentos, afectando a numerosas víctimas.

Una pareja de adultos mayores, dueña del edificio Padilla en la avenida Hernando Siles de Sucre, ha sido enviada a detención preventiva en el penal de San Roque. Esto se debe a que han sido acusados de estafa por vender de manera fraudulenta más de 18 departamentos de la propiedad. El Ministerio Público ha calificado el caso como estafa agravada, dado el gran número de personas afectadas.

La jueza Ximena Mendizábal, del Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, tomó esta decisión. La autoridad judicial ordenó que ambos acusados permanezcan en prisión por un periodo de 4 meses mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Mendizábal explicó que la gravedad de los hechos y el perjuicio causado a varias víctimas justificaron esta medida.

Un caso alarmante

Uno de los casos más preocupantes involucra a una mujer de 90 años que firmó la compra de un departamento bajo la promesa de que los vendedores se encargarían de gestionar la documentación ante la Alcaldía. Como parte de este proceso, la convencieron de firmar una carta notariada que les otorgaba poder para representarla en las gestiones necesarias. Además, le solicitaron los documentos de la transacción.

Con esa documentación, los acusados hipotecaron el inmueble por un préstamo de 50.000 dólares. La jueza Mendizábal destacó que este es solo un ejemplo de las múltiples ventas fraudulentas realizadas por los acusados. A pesar de ello, el edificio ya estaba comprometido con gravámenes bancarios, lo que ha llevado a que el inmueble esté siendo rematado judicialmente. Esto deja a las víctimas sin sus ahorros y sin acceso a sus viviendas.

Intento de evasión

La mujer acusada intentó evitar su reclusión alegando que padecía un cáncer terminal. Para respaldar su afirmación, presentó un certificado médico. Sin embargo, este documento correspondía a un diagnóstico del año 2021 y carecía de validez legal en el contexto actual.

Protección a las víctimas

La autoridad judicial aseguró que tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas al emitir su fallo. Indicó que una de las víctimas tiene más de 90 años y que, en este tipo de casos, es fundamental proteger a quienes han resultado más perjudicados.

LDVY


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