La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el 30 de mayo de 2025 un fallo a favor de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Esta decisión fue en respuesta al Amparo Constitucional que la empresa había presentado. Como resultado, se anuló una sentencia anterior del Tribunal Supremo de Justicia que obligaba a Soboce a pagar más de 744 millones de bolivianos a la empresa Fancesa por un caso de supuesta competencia desleal.
Declaraciones de la gerente legal
Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de Soboce, expresó que esta decisión refuerza el respeto al Estado de Derecho y restablece las garantías constitucionales. Además, destacó que la resolución contribuye a recuperar la confianza en la justicia boliviana. Riveros también mencionó que este fallo protege miles de empleos y fomenta la inversión extranjera en un momento crítico para el país.
Impacto en las operaciones de Soboce
La gerente indicó que el fallo permitirá a Soboce continuar operando tras casi 10 años y reactivar su plan de inversiones en Bolivia. Sin embargo, aclaró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con sede en Sucre, aún debe revisar el caso. Riveros confía en que el TCP ratificará la decisión del tribunal paceño.
Cuestionamientos a la sentencia anterior
Soboce cuestionó la validez de la sentencia anterior, señalando que hubo violaciones a las garantías constitucionales. La empresa argumentó que la multa se basó en una jurisprudencia inaplicable a casos comerciales, ya que esta normativa está destinada a delitos de lesa humanidad y genocidio. Además, alertó sobre el riesgo que esto representaba para miles de empleos y la inversión privada en el país.
Controversia sobre el concepto legal
Uno de los aspectos más polémicos fue la aplicación del concepto “daño al proyecto de vida”. Este término se utiliza normalmente en casos de derechos humanos y personas naturales, pero se aplicó en esta disputa empresarial, lo que generó críticas en sectores legales y empresariales.
Debate sobre seguridad jurídica
El caso provocó un amplio debate sobre la seguridad jurídica, la independencia judicial y las condiciones para la inversión en Bolivia. Por esta razón, diversos sectores sociales, empresariales y sindicales expresaron su preocupación. También organizaron movilizaciones en varias ciudades para defender la estabilidad laboral y el respeto al Estado de Derecho.
LDVY
