Un total de 26 personas, tanto hombres como mujeres de la tercera edad, fueron detenidas durante la movilización “evista” el jueves 29 de mayo. Esta información fue proporcionada por la diputada del Movimiento Al Socialismo, Gladys Quispe, quien criticó al gobierno por el uso de supuestos infiltrados y la represión de las protestas “pacíficas”. Se anticipa un paro nacional para el lunes 2 de junio.
Quispe afirmó que “el derecho a la protesta está enmarcado en la Constitución Política del Estado”. Lamentó que el gobierno intente estigmatizar a quienes se movilizan. La diputada también destacó que el país enfrenta una crisis económica y política, donde “no hay atención” a las necesidades del pueblo. Además, mencionó la falta de rendición de cuentas sobre los créditos aprobados por la Asamblea Legislativa.
Paro nacional en camino
Se prevé que el paro nacional del lunes 2 de junio pueda agravar la situación actual. Quispe hizo un llamado a los ministros para que visiten mercados y provincias con el fin de escuchar las demandas de la población. Recordó que “ustedes han llegado al gobierno gracias a estas movilizaciones”, subrayando el papel crucial del apoyo popular en su ascenso al poder.
Preocupaciones sobre la represión
El diputado Gustavo Vega expresó su preocupación por los excesos policiales hacia los movilizados. Destacó que “no debe haber excesos de parte de la policía hacia sus compañeros”. También se refirió a las acusaciones del gobierno sobre el hallazgo de dinero en las movilizaciones, dejando este asunto en manos del Ministerio Público para su investigación.
Infiltrados en las movilizaciones
La diputada Quispe denunció que había policías vestidos de civiles infiltrados en las movilizaciones, quienes, según ella, provocaron enfrentamientos. Reiteró la necesidad de investigar quién ordenó esta acción y exigió respuestas sobre los hechos irregulares ocurridos durante las protestas.
Clima tenso entre el gobierno y la sociedad
Se ha mencionado que algunos dirigentes han expresado amenazas hacia vocales electorales, lo que ha generado preocupación entre los legisladores. La situación actual refleja un clima tenso entre el gobierno y los sectores sociales organizados que demandan atención a sus necesidades y derechos.
