El Gobierno expresó su preocupación este miércoles 28 de mayo de 2025, tras un fallo judicial que ordenó la paralización provisional de los contratos firmados con las empresas extranjeras Uranium One Group y Hong Kong CBC. Estos contratos estaban destinados a la explotación de litio en el Salar de Uyuni. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que esta decisión representa un retroceso para las regiones de Potosí y Oruro.
Fallo judicial y su impacto
La resolución fue emitida el martes por el juez Edson Villarroel Herrera, del municipio de Colcha K en Potosí. Este juez concedió la tutela a una acción popular presentada por comunarios de Nor Lípez.
La medida judicial ordenó la suspensión de cualquier trámite legislativo o ejecución de obras relacionadas con los convenios que fueron firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos.
Derechos de los comunarios
La acción fue interpuesta por representantes del pueblo indígena campesino de Nor Lípez, quienes exigieron el cumplimiento de sus derechos constitucionales. Estos derechos incluyen la consulta previa e informada, la libre determinación, el acceso al agua, a la alimentación y a vivir en un medio ambiente sano.
El juez determinó que la paralización se mantenga hasta que se realice un estudio integral de impacto socioambiental. Además, se debe garantizar el respeto a los derechos colectivos.
Críticas del Gobierno
Montenegro criticó que este tipo de medidas obstaculicen el desarrollo regional. Afirmó que los contratos en cuestión solo contemplan la prestación de servicios por parte de las empresas extranjeras y no implican una inversión directa. Por lo tanto, la suspensión compromete el avance del proyecto estratégico.
“Queda claro que el perjudicado es el país. Entonces, vemos ahí una postura política cuando no se reconoce la necesidad y la importancia de que las regiones puedan desarrollarse a partir de estos recursos naturales tan valiosos como el litio”, manifestó la autoridad.
Responsabilidad de la Asamblea Legislativa
Montenegro también responsabilizó a la Asamblea Legislativa por no haber priorizado el tratamiento de los contratos que fueron remitidos por el Ejecutivo. Indicó que el Gobierno ya cumplió con su parte al elaborar y enviar los convenios.
En febrero de 2025, el presidente de YLB, Omar Alarcón, mencionó que el estudio de impacto ambiental del proyecto se llevaría a cabo después de la aprobación legislativa.
Notificación a la Asamblea Legislativa
La resolución judicial también ordenó notificar a la Asamblea Legislativa sobre la medida cautelar. Esto es para que tengan conocimiento del impedimento legal mientras se resuelve el fondo de la acción popular.
