Un juzgado mixto en el municipio de Colcha K, Potosí, ha tomado la decisión de paralizar los contratos de litio que han sido denunciados por violaciones a los derechos fundamentales de más de 50 comunidades del Sudoeste potosino. La diputada Lissa Claros, representante de Comunidad Ciudadana, ha expresado su esperanza de que esta decisión sea confirmada en una audiencia que está programada para el 5 de junio.
La diputada Claros ha declarado que “no se puede permitir que los derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución Política del Estado sean violados por el afán y el capricho del gobierno de Luis Arce Catacora”. Además, ha subrayado que estos contratos deben ser detenidos en su tratamiento en la Asamblea Legislativa y que no se pueden llevar a cabo actividades en el salar de Uyuni.
Intereses detrás de los contratos
Claros también ha cuestionado los intereses que hay detrás de los contratos firmados con empresas de China y Rusia. Según su opinión, existe un interés del entorno del presidente Arce para que estos contratos sean aprobados. “Se había negociado el litio de los bolivianos”, afirmó, añadiendo que lo que se busca es entregar recursos naturales por un período de aproximadamente 50 años.
Problemas en comunidades afectadas
En este momento, las dos transnacionales involucradas están operando en los salares bajo convenios que fueron firmados hace 2 gestiones. El gobierno ha reconocido que estas empresas están realizando trabajos operativos. Sin embargo, ya se han reportado problemas de agua en las 52 comunidades que se han visto afectadas por las pruebas piloto.
Compromiso con las comunidades indígenas
Claros ha enfatizado que no se puede permitir la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. “Mientras yo sea parlamentaria del departamento de Potosí, no vamos a permitir que se aprueben estos contratos”, afirmó. También destacó que hay campamentos operando actualmente bajo convenios previos.
Inversión y regalías cuestionadas
La inversión proyectada para estos contratos es de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, según la diputada, esta inversión no será administrada por el Estado boliviano ni por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Las regalías que recibiría el departamento de Potosí serían aproximadamente del 1%, lo que plantea dudas sobre los beneficios reales para el país.
Falta de legislación específica
Por último, Claros ha criticado la ausencia de una ley específica sobre el litio y ha cuestionado el supuesto proceso de industrialización que se relaciona con estos contratos. Afirmó que si Bolivia decide cancelar estos convenios en el futuro, tendría que indemnizar a las transnacionales al precio que ellas establezcan y pagar intereses por la inversión que se haya realizado.
