La abogada Ángela Romani ha anunciado que presentará una denuncia contra el juez Roger Salvatierra ante el Consejo de la Magistratura. Esta acción se origina a raíz del fallo que otorgó detención domiciliaria a Dennis C. C., quien está siendo investigado por el delito de pornografía. La decisión judicial ha recibido críticas contundentes por parte de la representación de las víctimas.
Según Romani, el juez no implementó ninguna medida de protección para las víctimas involucradas en el caso. La abogada considera alarmante que, a pesar de la gravedad del delito que se investiga, el acusado pueda continuar operando desde su hogar sin restricciones.
Detalles del caso
El Ministerio Público sostiene que Dennis C. C. accedió de manera ilegal a cámaras de seguridad que están instaladas en domicilios privados, principalmente en Santa Cruz de la Sierra. A través de este sistema, se alega que obtuvo videos íntimos que luego fueron compartidos en grupos cerrados de Telegram, donde se cobraba por el acceso a dicho contenido. Uno de los videos se viralizó en redes sociales, lo que llevó al inicio de la investigación.
Durante el allanamiento a su vivienda, los investigadores encontraron una computadora que contenía material pornográfico. También hallaron un sistema cibernético que, según las pesquisas, le habría permitido acceder a los registros sin necesidad de contraseñas.
Riesgo para la población
Romani advirtió que el acusado no solo representa un riesgo para quienes han denunciado, sino que también pone en peligro a toda la población que utiliza cámaras de seguridad en sus hogares. La abogada indicó que el sistema le permitía acceder a grabaciones privadas sin ser detectado, lo que agrava la situación.
Apelación de la defensa
La defensa legal de Dennis C. C. ha apelado la decisión judicial y está a la espera de la notificación de la Sala correspondiente para que se revise la medida sustitutiva que se le otorgó.
Reacciones de la comunidad
El caso ha generado un fuerte rechazo entre los familiares de las víctimas, así como entre diversas instituciones y ciudadanos. Todos ellos exigen que el acusado sea enviado a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
LDVY
