El Presidente Luis Arce aseguró este sábado 24 de mayo que las elecciones generales están garantizadas para realizarse en agosto y que entregará el mando presidencial en noviembre, cumpliendo así con lo que establece la Constitución Política del Estado.
Durante un acto en el departamento de Chuquisaca, el mandatario descartó cualquier posibilidad de que las elecciones generales del 17 de agosto estén en riesgo.
“Ni pensar que las elecciones están en peligro”, manifestó Arce, al recalcar que el proceso electoral será garantizado por su Gobierno.
Atribuciones constitucionales
El Presidente indicó que ejercerá todas las atribuciones constitucionales necesarias para asegurar que los comicios se lleven a cabo con normalidad en la fecha prevista.
Sus declaraciones se dieron en un contexto marcado por convocatorias a movilizaciones impulsadas por algunos sectores, que denuncian exclusiones en el proceso electoral y advirtieron con medidas de presión.
Clima de caos organizado
En respuesta, Arce acusó a estos grupos de buscar generar un “clima de caos organizado” con fines desestabilizadores.
A seis meses de concluir su mandato, el Presidente señaló que su gobierno continuará promoviendo normas y políticas económicas, con el objetivo de contener la especulación de precios y garantizar el abastecimiento de productos básicos.
Problemas con el combustible
En cuanto al tema del combustible, informó que cinco buques con diésel y gasolina permanecen varados en puertos chilenos debido a condiciones climáticas. Dijo que se realizan gestiones para mantener el suministro y atender la demanda interna.
Estabilización del tipo de cambio
También hizo referencia a la estabilización del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo, que atribuyó a operativos de control implementados por el Ejecutivo.
Además, reiteró que habrá sanciones contra quienes incurran en prácticas de agio, tras el decomiso de productos como aceite que eran sacados del país en perjuicio de la población.
Colaboración de gobiernos municipales
En ese marco, instó a los gobiernos municipales a colaborar con las tareas de control de precios y abastecimiento, como parte del plan nacional contra la especulación y el contrabando.
