Un total de 347 personas enfrentan detención o persecución por motivos políticos, denunció el exdefensor del Pueblo y director ejecutivo de la Alianza por la Justicia y Derechos Humanos (AJDH), Waldo Albarracín.
El abogado, también perseguido por defender la vigencia plena de la justicia y la democracia, presentó ayer, martes 13 de mayo, un estudio titulado Informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia, con datos que corresponden al periodo 2008–2024.
Después de varios años de ausencia de la vida pública, Albarracín entregó el informe que también da inicio a las actividades de la organización orientada a la defensa de los derechos humanos.
La justicia es una razón de vida y el espíritu de esta investigación hace énfasis en la reflexión sobre las causas de la persecución política cuando la política debería ser altruista y los líderes deberían ser los mejores elementos humanos, los más solidarios, que deberían indignarse ante la injusticia, comentó.
Los datos obtenidos por AJDH concluyen que en el gobierno de Luis Arce se persigue y detiene a 267 personas, mientras en el gobierno de Evo Morales (2006-2019) los casos alcanzaron a 64, y en el gobierno de Jeanine Añez (2019-2020) se registraron 16 casos.
La falta de independencia judicial es una de las causas de injusticia, señaló al citar ejemplos en que los gobiernos escribían los fallos que luego eran presentados por los jueces como propios.
Un debilitamiento de la institucionalidad democrática, una cooptación político-partidaria del órgano judicial y del Ministerio Público han contribuido a la pérdida de credibilidad de esta institución ante la población, según Albarracín.
Hay ciudadanos inocentes en la cárcel y ciudadanos ostensiblemente culpables están libres, advirtió el abogado. Los datos de la investigación señalan que el mayor número de víctimas son civiles, con 82 casos; del gobierno central, con 79 casos que corresponden a funcionarios públicos y militantes del partido en función de gobierno.
Luego figuran personas de organizaciones sociales con 46 casos; y organizaciones cívicas con 45. Otros casos suman seis. Las figuras delictivas más empleadas para la acusación a las víctimas de persecución son la asociación delictuosa y organización criminal con 78 casos, el daño y destrucción de bienes del Estado con 68 casos, destrucción y daño al patrimonio del Estado con 59 casos; y terrorismo con 51 casos.
