La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmado que la orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales sigue vigente. Esta situación se da en medio de una controversia judicial que ha surgido tras la detención de la jueza Lilian Moreno en Santa Cruz, quien fue arrestada por desobediencia a resoluciones constitucionales.
Gutiérrez enfatizó que todas las actuaciones legales continúan en pie, lo que incluye la imputación formal y el mandamiento de aprehensión contra Morales. Esta confirmación se produce después de que un juez en La Paz decidiera que todos los actos procesales permanecen vigentes, una decisión que ha sido cuestionada por la defensa del exmandatario.
“Creo que ha habido una extralimitación por parte de la señora juez (Moreno). ¿Qué línea legal prudencial habrá tomado para emitir esta última resolución? Esto se originó a raíz de una queja presentada por los abogados de Evo Morales”, expresó Gutiérrez.
Investigación en curso
La fiscal también explicó que todas las actuaciones del Ministerio Público de Tarija se mantienen activas, lo que incluye la imputación, la rebeldía y el mandamiento de aprehensión contra Morales y otra persona que también está en situación de rebeldía. Además, ratificó que el caso sigue en Tarija y que la investigación avanza con todos sus procedimientos.
Gutiérrez aseguró que la Fiscalía Departamental no fue notificada sobre la decisión de Moreno, ni tampoco el juez competente en Tarija, Nelson Rocabado. “Pretenden que cumplamos una resolución de la que nunca fuimos parte ni fuimos notificados. Eso es jurídicamente inadmisible”, declaró en una conferencia de prensa.
Defensa del exmandatario
La fiscal también defendió la actuación de la Fiscalía, afirmando que siempre ha operado dentro del marco legal. “No hay usurpación de funciones ni desobediencia, como se ha insinuado. El imputado ha estado presente en audiencias a través de Zoom y ha presentado múltiples incidentes procesales”, subrayó Gutiérrez.
La situación actual refleja un conflicto entre diferentes instancias judiciales respecto a la validez de las órdenes emitidas y su cumplimiento. La defensa de Evo Morales ha planteado cuestionamientos sobre los procedimientos seguidos por las autoridades judiciales implicadas en este caso.
