El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ha decidido revocar parcialmente la licencia de la jueza Lilian Moreno. Esta acción implica que debe presentarse de inmediato en su despacho. La revocación se produce tras la anulación de la imputación y la orden de aprehensión contra Evo Morales, quien está siendo investigado por trata de personas.
La jueza Moreno había anulado la imputación y la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. Además, ordenó que este caso se trasladara de Tarija al departamento de Cochabamba.
Declaraciones del presidente del tribunal
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, comentó: “Caso contrario, se activan los mecanismos que establece la ley que corresponde al Consejo de la Magistratura”. Estas declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa.
Quezada explicó que la revocatoria de la licencia se debe a la necesidad de que Moreno esté disponible para responder a las investigaciones que se han activado tras su resolución. “La solicitud fue realizada el 28 de abril y concedida ese mismo día, por cinco días sin goce de haberes; es una licencia por motivos personales”, precisó Quezada.
Se decidió revocar los 2.5 días restantes de licencia, instruyendo el retorno inmediato de la jueza a su despacho.
Independencia judicial y necesidad institucional
Quezada también aclaró que la revocatoria no vulnera la independencia judicial, pero sí responde a una necesidad institucional. “Es fundamental que la autoridad jurisdiccional esté habilitada para asumir cualquier actuación o requerimiento que surja de las investigaciones o del propio ejercicio de su competencia”, explicó.
El fallo de la jueza Moreno ha generado controversia y ha suscitado reacciones tanto en el ámbito judicial como en el político.
Contexto de debate público
Aunque el Tribunal ha dejado claro que las resoluciones deben ser respetadas, también ha enfatizado la obligación de las instituciones estatales ante posibles irregularidades. Esta decisión se produce en un contexto donde las acciones judiciales han sido objeto de debate público y han generado diversas opiniones sobre el manejo del sistema judicial en relación con figuras políticas.
