Un juez federal ha comenzado este miércoles 16 de abril de 2025 un proceso para declarar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato. Esto se debe a que el Ejecutivo ignoró una orden judicial y envió a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
En una decisión que abarca más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Gobierno de haber actuado con «completo menosprecio» hacia una orden judicial que les pedía detener el envío de migrantes al país centroamericano.
Boasberg enfatizó que «la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla».
El juez también advirtió que permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
El 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que se ha utilizado en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a quienes acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de invocar esta ley, Boasberg bloqueó su uso justo cuando dos aviones estaban en camino a Centroamérica con los migrantes y ordenó que esos vuelos regresaran.
A pesar de la orden, los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, lo que desató una batalla legal sin precedentes. En medio de esta situación, Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
Reacciones y demandas
El envío de migrantes hacia El Salvador generó una serie de demandas contra el Gobierno de Trump y el rechazo de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a Estados Unidos y El Salvador de someter a estas personas a una «desaparición forzada».
Defensa del Gobierno
La Administración de Trump defendió las expulsiones, acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, que recientemente han sido calificadas por Washington como grupos terroristas.
No obstante, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
Acuerdo con El Salvador
Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión conocida por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte de este trato, del que no se conocen detalles específicos, Estados Unidos pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para mantener el sistema carcelario.
Fuente: EFE.
