El senador de Creemos, Erick Morón, reafirmó este miércoles 26 de marzo su postura a favor de la castración química para violadores y feminicidas. Esto ocurre tras la denuncia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, por un presunto caso de violación a una menor de 13 años.
Morón recordó que su bancada ya presentó una ley para implementar la castración química como medida contra los agresores sexuales. Aseguró que cualquier funcionario público acusado de estos delitos debe ser apartado de su cargo de inmediato, investigado y encarcelado.
“Nosotros hemos propuesto, no se olviden, la ley de castración química precisamente para violadores y feminicidas. Nosotros somos radicales en el sentido de que no debería existir un ciudadano, un funcionario público con este tipo de denuncias; debería ser removido de su cargo de manera inmediata, investigado y encarcelado hasta que él demuestre su inocencia”, declaró Morón.
Diferencias en el trato
El senador también cuestionó la diferencia de trato entre los políticos opositores y aquellos que enfrentan denuncias por violencia sexual. Afirmó que, mientras los opositores deben demostrar su inocencia desde la cárcel, otros continúan en libertad a pesar de las acusaciones en su contra, refiriéndose al expresidente Evo Morales.
“A los que pensamos diferente de manera política, nos encarcelan para demostrar nuestra inocencia desde la cárcel; sin embargo, a los que están acusados por violencia sexual ante menores de edad, están libres y sueltos de polvo y paja. Y claro, ¿cómo no van a estar así si su líder máximo en estos 20 años es el señor Evo Morales?”, comentó Morón.
Red de explotación sexual
Respecto a la existencia de una proxeneta y presunta red de explotación sexual en la Asamblea Legislativa, Morón señaló que si existen pruebas deben ser presentadas. Además, pidió que los responsables sean identificados con nombres y apellidos.
El caso de Jáuregui ha causado indignación en el ámbito político y social. La denuncia fue declarada en reserva, pero las autoridades confirmaron que hay una investigación en curso.
Según documentos filtrados, Jáuregui aparentemente pagó 300 bolivianos para cometer el abuso y estaría implicado junto a un funcionario policial. Sin embargo, el parlamentario del MAS negó las acusaciones y afirmó que se trata de una venganza política en su contra.
