Una norma que busca prohibir los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años o con adultos está actualmente en debate en el Parlamento de Bolivia. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a niños y adolescentes de una práctica que sigue presente en el país, la cual los expone a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata.
La norma fue propuesta por la senadora Virginia Velasco y plantea modificar el Código de las Familias y del Proceso Familiar, conocido como Ley 603. Esta ley actualmente permite los matrimonios a partir de los 16 años, siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la autoridad parental.
Velasco explicó a EFE que su proyecto se fundamenta en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Este comité sugiere que Bolivia eleve la edad mínima para el matrimonio sin excepciones.
Violaciones a los derechos humanos
La senadora también recordó que Naciones Unidas considera que el matrimonio infantil «es una violación a los derechos humanos». Casarse a una edad temprana expone a los menores «a mayores riesgos de violencia, abuso, embarazos forzados y abandono de estudios», lo que perpetúa «un ciclo de pobreza y desigualdad».
Velasco enfatizó la importancia de aprobar este proyecto de ley. Mencionó que hay familias que casan a sus hijos debido a la pobreza, pensando que esto les brindará una mejor calidad de vida. Sin embargo, la realidad muestra que nuestras adolescentes y niñas sufren mucha violencia, feminicidios y violaciones.
Contenido de la norma
El proyecto de Velasco establece que «el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia».
La propuesta ha pasado el filtro de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado. Sin embargo, se ha estancado en el pleno de la Cámara Alta debido a polémicas declaraciones de algunos legisladores que se oponen a ella.
Argumentos en contra
Los detractores del proyecto argumentan que algunas familias casan a sus hijas menores con hombres mayores debido a la pobreza. Además, consideran que el matrimonio entre adolescentes es una supuesta conquista social, similar al trabajo a los 14 años o el voto a los 16. Una legisladora incluso defendió su propia experiencia, afirmando que se casó siendo adolescente y le fue «bien».
Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2024, reveló que desde 2014, el Estado boliviano registró 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, así como 4,804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, todos con el consentimiento de los padres de las menores.
Impacto en los derechos de las niñas
La Defensoría identificó estos casos como matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), basándose en estándares y recomendaciones internacionales. La especialista en derechos sexuales y reproductivos de la Coordinadora de la Mujer, Alejandra Franco, explicó a EFE que este asunto es una «problemática multicausal».
Franco destacó que afecta y viola los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en Bolivia, especialmente en las zonas rurales. Según ella, existen condiciones estructurales de desigualdad de género que han naturalizado prácticas nocivas y costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Desigualdad de género
La especialista lamentó que persista un sentido de «propiedad sobre los cuerpos y las vidas» de las niñas y adolescentes. Además, señaló que son muy pocos los casos en que las víctimas de MUTIF son hombres menores de edad, ya que se supone que ellos tienen «mayor valor».
Las niñas y adolescentes, en cambio, son vistas como una «carga» o «moneda de cambio». Este intercambio que realizan las familias, justificando su decisión por la pobreza, tiene un precio muy alto: las vidas de estas niñas y adolescentes.
Franco valoró el tratamiento de la norma y consideró que también es fundamental trabajar para «cambiar estas concepciones patriarcales, machistas, misóginas y adultocéntricas». Estas creencias sostienen que la vida de las niñas y adolescentes no cuenta.
Próximos pasos
Ante un inminente rechazo en el Senado, Velasco solicitó aplazar el tratamiento de la norma. Desde esta semana, promoverá el trabajo en mesas técnicas para explicar a sus colegas los alcances de la ley, con el objetivo de asegurarse de que sea aprobada.
