La Dirección General de Migración ha confirmado la salida obligatoria de 20 ciudadanos extranjeros que están vinculados a la secta religiosa autodenominada Nación Kailasa. Esto ocurrió después de que se descubriera que habían inducido a comunidades indígenas a firmar contratos de arrendamiento de tierras.
Los extranjeros provienen de países como China, India, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Portugal. Ingresaron al país entre 2024 y 2025.
Objetivo de los extranjeros
De acuerdo con la directora general de Migración, Katherine Calderón, estas personas entraron al país como turistas. Sin embargo, su verdadero objetivo era establecerse en la región Cayubaba, en Beni, y crear vínculos con comunidades indígenas para obtener tierras.
El 20 de marzo de 2025, se interceptó a tres integrantes de la secta en el departamento de Beni, específicamente en la localidad de Cayubaba, donde intentaron escapar. Además, 17 de los extranjeros fueron encontrados en una residencia de Santa Cruz.
Intentos de engaño a indígenas
Durante una conferencia, la directora de Migración explicó que este grupo intentó engañar a la población indígena con fines tanto religiosos como económicos. “Se hacían pasar por una falsa religión y buscaron usar documentos firmados por dirigentes para su propio beneficio, atentando contra la buena fe y los derechos colectivos de las comunidades”, afirmó.
Calderón también reveló que los representantes legales del grupo intentaron detener las expulsiones mediante una acción de libertad. Sin embargo, la justicia falló a favor del Estado boliviano. “El Juzgado Cuarto de Sentencia de Santa Cruz denegó la tutela y ratificó que Migración actuó conforme a derecho”, aseguró.
Clarificación sobre el presidente
Respecto a una imagen que circula en redes sociales, donde aparece el presidente Luis Arce junto a una representante de Kailasa, Calderón aclaró que la foto fue tomada en un acto público. Esto no implica ningún tipo de relación entre el Gobierno y el grupo extranjero.
Convenios de arrendamiento
Desde el domingo pasado, el medio El Deber informó que Kailasa firmó convenios de arrendamiento por 1,000 años con al menos tres territorios indígenas: Cayubaba, Esse Ejja y Baure. Tras conocer estos acuerdos, la comunidad de Exaltación reaccionó y pidió explicaciones a los foráneos. Durante este proceso, descubrieron irregularidades, como documentos firmados sin consulta previa y con espacios en blanco.
El caso también ha afectado al territorio guaraní, donde se encontraron documentos que están siendo revisados por un consorcio jurídico. Paralelamente, el alcalde de Exaltación ha denunciado amenazas telefónicas tras exponer el caso.
