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México crea plataforma para búsqueda de desaparecidos tras polémica en Jalisco

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, en Ciudad de México / EFE
La presidente Claudia Sheinbaum anunció importantes cambios que incluyen una Plataforma Única de Identidad y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas.

El Gobierno mexicano ha dado a conocer la creación de una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y un nuevo Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. Esta iniciativa se produce tras el descubrimiento de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde se sospecha que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba personas. La presidente Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy presentaron estas reformas durante una conferencia matutina el lunes 24 de marzo de 2025.

Detalles de las reformas

Las reformas incluirán cambios en la Ley General de Población y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Estas modificaciones establecerán una Plataforma Única de Identidad que permitirá localizar a las personas mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP). También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación que estará conectada con el Banco Nacional de Datos Forenses y con los datos de las 32 fiscalías estatales y la federal.

Además, se implementará un nuevo Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas que comenzará a operar de inmediato en México. El país enfrenta una crisis alarmante con más de 120.000 personas desaparecidas y más de 50.000 cuerpos sin identificar. “Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de 72 horas (de espera)”, afirmó Godoy.

Acceso a datos de otras instituciones

Las reformas también permitirán que las fiscalías tengan acceso a datos de otros organismos públicos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), así como de entidades privadas, para buscar a las personas con “respeto a la ley de datos personales”. El Gobierno presentó estas reformas en respuesta a los hallazgos que familias aseguraron haber encontrado en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Allí, el 8 de marzo se descubrieron fosas clandestinas, hornos de cremación y al menos 400 pares de zapatos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el lugar era “un campo de adiestramiento” del CJNG. Esta organización ha sido considerada terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, García Harfuch aclaró que no se trató “de un campo de exterminio”, como reportaron algunos medios inicialmente. El funcionario garantizó “un avance significativo en el esclarecimiento” tras la detención del líder del reclutamiento para el CJNG.

Compromiso del gabinete de seguridad

“El gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables”, aseveró García Harfuch. Las dudas aumentaron después de que se abriera el rancho a la prensa y a colectivos de buscadores, quienes ingresaron por la fuerza debido a los obstáculos impuestos por las autoridades. Estos grupos acusaron a las autoridades de “barrer” el sitio y de montar un “circo”.

La presidente prometió “la verdad del Rancho Izaguirre, no la verdad construida por alguien”, argumentando que desde septiembre hasta ahora, la investigación fue responsabilidad de la Fiscalía del Estado, que está gobernado por el opositor Movimiento Ciudadano (MC).

Impacto en familias afectadas

Se han expresado preocupaciones sobre cómo estas reformas afectarán directamente a las familias que han sufrido desapariciones forzadas. La implementación efectiva de estas medidas podría mejorar los procesos judiciales relacionados con estos casos críticos en México.


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