El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, presentó este lunes 24 de marzo un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones en casos de corrupción agravada en Bolivia.
La propuesta incluye una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto, así como inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. También se contempla el decomiso de bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido transferidos a terceros para ocultar actos de corrupción.
Delitos relacionados con corrupción
El proyecto normativo establece que la figura de corrupción agravada se aplicará a delitos como la malversación de fondos, sobornos, coimas en contratos públicos y otros actos que afecten gravemente los recursos del Estado y los servicios esenciales para la población.
Argumentos del diputado
Alarcón argumentó que estas prácticas han contribuido al deterioro económico del país. Por ello, considera necesario imponer sanciones más severas para desincentivar la corrupción en todos los niveles del Gobierno.
Medidas para altos funcionarios
La propuesta también plantea el arraigo inmediato de altas autoridades del Ejecutivo, gobernaciones y alcaldías durante el último año de su gestión. Esto se aplicaría en caso de que exista una denuncia formal, querella o proposición acusatoria en su contra. Esta medida busca asegurar que los funcionarios investigados no puedan abandonar el país antes de rendir cuentas ante la justicia.
Diferenciación en el marco legal
Alarcón explicó que el actual marco legal no diferencia adecuadamente entre los distintos niveles de corrupción. Esto permite que delitos de menor gravedad sean tratados de la misma forma que aquellos que afectan gravemente la estabilidad del Estado.
Niveles alarmantes de corrupción
Según el diputado de CC, la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes y requiere medidas drásticas para frenar su avance. Este criterio se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, donde Bolivia logró su puntuación más baja en los últimos 12 años. En detalle, el país registró 28 puntos, uno menos que el año anterior, y está por debajo del promedio regional, que es de 42 sobre 100.
Objetivo del proyecto de ley
En este contexto, el legislador señaló que el objetivo del proyecto es enviar una señal clara a todas las futuras gestiones de Gobierno. Se busca establecer un castigo ejemplar para quienes abusen de los recursos públicos.
Fortalecimiento del sistema judicial
Alarcón también destacó la necesidad de fortalecer el sistema judicial y el Ministerio Público. Esto es fundamental para garantizar que estas sanciones se apliquen de manera efectiva y sin interferencias políticas.
