La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) ha destinado al menos 30 millones de dólares a su funcionamiento en los últimos 15 años. Esta información proviene de los datos del Presupuesto General del Estado y de las rendiciones de cuentas de diversas gestiones.
Este domingo 23 de marzo, el Presidente Luis Arce anunció la disolución de Diremar. El mandatario argumentó que la institución había cumplido su ciclo y que se evaluarán los procesos que Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El gasto acumulado de Diremar ha sido objeto de críticas tanto de sectores de oposición como del oficialismo. Se cuestionó la efectividad de sus gestiones y el impacto de las demandas internacionales que la entidad impulsó.
Litigios y decisiones de la CIJ
Desde su creación en 2011, Diremar se encargó de administrar los litigios contra Chile relacionados con la demanda marítima y la naturaleza de las aguas del Silala. En 2018, la CIJ determinó que Chile no estaba obligado a negociar un acceso soberano al mar con Bolivia. Luego, en 2022, la misma corte reconoció que las aguas del Silala son de curso internacional, cerrando otro proceso judicial que Bolivia había impulsado.
Según los datos del Presupuesto General del Estado, entre 2012 y 2019 se asignaron a Diremar aproximadamente 102 millones de bolivianos. Este presupuesto experimentó aumentos progresivos, alcanzando 18 millones en 2019.
A pesar de los cambios de gobierno, la institución continuó recibiendo financiamiento. Una gran parte de sus recursos se destinó al pago de salarios de los funcionarios.
Opiniones sobre la gestión
Analistas han calificado la gestión de Diremar como ineficiente y han cuestionado el alto costo de los procesos internacionales. El economista Gonzalo Chávez, en una entrevista con radio Panamericana, afirmó que “Diremar gastó fortunas y estuvo demasiado tiempo dando empleo a funcionarios ineficientes”. Además, agregó que “hay que festejar que una burocracia ineficiente se cierra, porque no hicieron nada, pero la pérdida de la visión marítima es también un problema”.
Por otro lado, el economista político, catedrático y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Julio Alvarado, consideró que el cierre de Diremar es tardío. También sugirió que se deben investigar las decisiones tomadas durante su funcionamiento.
Alvarado comentó que “el anuncio de Arce es extemporáneo, y es necesario que se investigue quiénes fueron los genios que sugirieron ir por ese camino desastroso que nos llevó a esa derrota, cuánto dinero se gastó y lo más importante, por qué no se convocó a diplomáticos especialistas para el equipo”.
El analista también añadió que “nunca tuvo sentido crear semejante instancia ya que la Cancillería no necesitaba una instancia específica para manejar la demanda marítima porque ya hay una dirección que analiza la relación bilateral con Chile”.
Política sobre Chile
Finalmente, el analista político Marcelo Arequipa advirtió que, aunque la entidad deje de operar, es fundamental que el país mantenga una política clara respecto a su relación con Chile y la reivindicación marítima.
