Tres organizaciones indígenas de Oruro, La Paz y Potosí llegarán este viernes a La Paz para participar en una audiencia pública en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En este encuentro, denunciarán la contaminación con arsénico, plomo y mercurio que afecta a sus habitantes como resultado de la actividad minera.
Denuncias por contaminación
Los comunarios de estos tres departamentos se unen para hacer visible la contaminación ambiental provocada por la minería en sus territorios. Exigen el cumplimiento de los derechos constitucionales que los protegen, ya que se han encontrado elementos tóxicos en la sangre de los habitantes.
“En los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de nuestras poblaciones y la integridad de nuestros territorios indígenas. Nosotros hemos sido testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista”, señalaron las comunidades afectadas en un pronunciamiento.
Situación en Oruro
En Oruro, específicamente en el Ayllu San Agustín de Puñaca, los suelos y aguas han estado contaminados durante décadas debido a la minería. Esta situación ha llevado a los pobladores a interponer una Acción Popular.
Como resultado de esta acción, se emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1471/2022-S-3, la cual no ha sido cumplida por las entidades competentes del Estado. Estudios realizados en la sangre de los comunarios han revelado la presencia de cadmio, plomo y arsénico en niveles alarmantes.
Contaminación en La Paz
Al norte de La Paz, los pueblos indígenas que forman parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) enfrentan la contaminación de ríos y afluentes debido a la minería aurífera ilegal. El mercurio utilizado en estas actividades ha sido detectado en el cuerpo de la población, afectando al 75% de las personas evaluadas.
Problemas en Potosí
En Potosí, la Comunidad de Cantumarca se encuentra en una situación similar. La contaminación del aire, provocada por la cercanía de los diques de colas, ha generado niveles preocupantes de plomo en la sangre, especialmente en niños y adultos mayores, como ha denunciado incluso la Defensoría del Pueblo.
Demandas de las comunidades
Las comunidades exigen la aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Medio Ambiente y tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1471/2022-S-3 y otras resoluciones que favorecen los derechos de estas comunidades, los movilizados aseguran que las autoridades competentes han fallado en su implementación.
Los pueblos indígenas demandan el cumplimiento inmediato de las sentencias y resoluciones, así como la creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral que sea financiado por las empresas responsables.
