La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) ha llegado a la conclusión de que hubo un incumplimiento de los deberes municipales en el caso de la mazamorra ocurrida en Bajo Llojeta. Este incidente, que resultó en daños significativos y la trágica muerte de una niña, fue provocado por movimientos de tierra realizados por la empresa Kantutani. Sin embargo, la Alcaldía de La Paz ha cuestionado las afirmaciones de la SIB y ha solicitado aclaraciones sobre el financiamiento de esta organización.
Cuestionamientos a la SIB
El director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Gonzalo Barrientos, ha insinuado que existen vínculos entre algunos dirigentes de la SIB y la empresa implicada en el caso. Barrientos también ha responsabilizado a Kantutani por los movimientos de tierra que causaron la mazamorra tras las lluvias del 23 de noviembre de 2024.
Este evento provocó varios daños en Bajo Llojeta y resultó en la muerte de una niña. La SIB ha observado que no debieron permitirse plataformas construidas mediante rellenos sin un diseño adecuado ni supervisión correspondiente.
Declaraciones de Gonzalo Barrientos
Gonzalo Barrientos ha afirmado que la SIB “no tiene ninguna competencia y ninguna jurisdicción, porque ellos no son jueces, no son fiscales, no son árbitros designados”. Además, insinuó que algunos dirigentes de la SIB parecen estar “lavándole la cara” a la empresa Kantutani. “Obviamente estos dirigentes tendrán que aclarar de dónde han conseguido el financiamiento”, sugirió Barrientos.
Asimismo, el director de Gobernabilidad mencionó que se puede observar a algunos dirigentes de la SIB en redes sociales como “muy buenos amigos de Kantutani”. En este contexto, Barrientos ha expresado su reclamo porque el empresario Luis Iturralde, quien salió del país después del incidente, aún no ha sido puesto ante las autoridades. Se le dictó detención domiciliaria en Perú con fines de extradición.
Problemas de cumplimiento normativo
La Sociedad de Ingenieros ha destacado que se debió evitar la construcción de viviendas en áreas inadecuadas y sin los estudios necesarios para garantizar la seguridad estructural. Esta situación pone en evidencia problemas relacionados con el cumplimiento normativo en proyectos urbanísticos en zonas vulnerables.
