El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, anunció este jueves 20 de marzo de 2025 que se realizarán ajustes en el decreto que regula la exportación de soya. El objetivo de estos cambios es garantizar que los beneficios de la exportación lleguen directamente a los productores y no a industrias ajenas al sector.
Flores indicó que en años anteriores, algunas empresas que no estaban relacionadas con la producción de soya aprovecharon las disposiciones vigentes. Esto distorsionó el propósito original de la normativa.
Exportación de soya
“No está prohibida aún la exportación. Estamos en negociaciones, se puede decir, porque la soya vamos a permitir la exportación sobre todo a los productores. Ha ocurrido en los años pasados que, si bien hay un decreto de exportación del 60% de la soya, se han aprovechado industrias que ni pertenecen al rubro de la soya”, explicó el ministro.

El ministro también aclaró que la exportación de soya en grano aún no está autorizada. Sin embargo, las negociaciones continúan y se priorizará a los productores en caso de que se permita. Actualmente, los derivados como el aceite de soya sí tienen autorización para ser comercializados en mercados internacionales.
Crisis económica en Bolivia
Este ajuste al decreto se produce en un contexto de crisis económica en Bolivia. La inflación acumulada es del 3,24% en los primeros meses del año y se ha observado un incremento en el costo de la canasta básica.
Además, persiste la escasez de combustibles y la falta de dólares en el sistema financiero. Esto ha generado dificultades en las importaciones y ha elevado la cotización de la divisa en el mercado paralelo.

Medidas contra la especulación
El Gobierno también anunció que tomará medidas contra la especulación en el mercado de alimentos. Algunos empresarios han mantenido altos los precios de productos como el arroz y el maíz, a pesar de que actualmente se encuentran en plena cosecha.
Según Flores, la regulación de las exportaciones busca equilibrar el abastecimiento interno. Esto es fundamental para evitar que el incremento de precios afecte a la población.