Un grupo de al menos 500 transportistas destruyó un puesto de cobro de peajes de Vías Bolivia en Ivirgarzama, Cochabamba, el martes, en medio de protestas por la escasez de combustibles.
El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, anunció que se iniciarán acciones legales contra los responsables de este acto bajo el artículo 223 del Código Penal, que sanciona la destrucción de bienes estatales. Según el funcionario, los atacantes superaron en número a los 5 policías y al personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que custodiaban el lugar.
«Condenamos estos actos y llamamos a respetar las leyes que mantienen el orden jurídico», declaró Ponce de León. Este incidente se produce en el contexto de convocatorias de algunos sectores del transporte a no pagar peajes ni impuestos.
Suspensión de pagos por parte del transporte
El dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, había anunciado el lunes que su sector suspendería el pago de tributos y peajes debido a la imposibilidad de acceder a divisas para adquirir combustibles. Esta medida fue propuesta por el Gobierno como una forma de aliviar la escasez de carburantes.
El viceministro advirtió que tales llamados constituyen «instigación pública a no pagar tributos», un delito penado por el Código Tributario. El Gobierno reiteró que la red vial nacional depende financieramente del cobro de peajes y que su destrucción afecta la mantención de carreteras.
Tensión por la falta de combustible
Ponce de León instó a los transportistas a no seguir consignas que violen la ley, mientras la tensión por la falta de diésel y gasolina agudiza el conflicto entre el sector y el Estado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que esta semana se debe regularizar el suministro de combustible.
Sin embargo, el transporte pesado denuncia que no se cumplió el compromiso, lo que ha llevado al sector a declararse en quiebra.
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