El Gobierno de Perú ha declarado este lunes el estado de emergencia en Lima y la provincia de Callao, una zona donde reside un tercio de la población peruana. Esta medida incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la creciente ola de criminalidad que afecta a la capital.
El decreto supremo, que fue publicado en una edición extraordinaria de la gaceta oficial El Peruano y firmado por la presidenta Dina Boluarte, establece que la Policía Nacional será la encargada de mantener el control del orden interno. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo, pero será la institución policial la que determine las áreas donde se necesite esta asistencia.
El estado de emergencia tendrá una duración de 30 días y se ha implementado tras la conmoción generada por el asesinato del cantante Paul Flores, quien era el vocalista de la conocida orquesta de cumbia Armonía 10. Su autobús fue atacado a tiros en la madrugada del sábado al domingo.
Durante este periodo, se restringirán varios derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
El decreto también señala que el Ministerio del Interior será el encargado de coordinar y gestionar las medidas necesarias para apoyar a la Policía Nacional. Esto incluye la colaboración con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Reacción política ante el crimen
En respuesta al asesinato del cantante, varios grupos parlamentarios, que representan todo el espectro político, han expresado su disposición a respaldar una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Sin embargo, el Gobierno ha defendido la continuidad del actual titular de Interior.
Medidas habituales del Gobierno
La declaración del estado de emergencia en Lima para combatir el crimen se ha convertido en una práctica común desde el final de la pandemia. La última vez que el Gobierno adoptó esta medida fue en septiembre de 2024, cuando se declaró en emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, debido a las denuncias de extorsiones que sufrían los transportistas urbanos.
