La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes 17 de marzo su intención de proponer la aplicación de la pena de muerte para sicarios y extorsionadores. Esta decisión surge como respuesta a la creciente ola de violencia criminal que afecta al país. La mandataria hizo esta declaración durante la inauguración del año escolar, tras el asesinato de un cantante de cumbia en Lima.
Boluarte afirmó que está «pensando seriamente» en la pena de muerte, subrayando que «ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos». En su discurso, enfatizó que su gobierno no permitirá «un muerto más, de un peruano que honestamente trabaja».
Reacción al asesinato
La presidenta se expresó de esta manera después del asesinato del cantante, cuyo autobús fue atacado a disparos por desconocidos. Este trágico suceso ha conmocionado a Perú y ha llevado a varios partidos políticos a solicitar la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Defensa ante críticas
Ante las críticas sobre su gestión, Boluarte declaró que le pueden «inventar todo lo que quieran», pero nunca podrán acusarla «de recibir coimas». También mencionó: «A los que me inventan historietas y mil falsedades les digo: no me van a amilanar jamás».
Comentarios del ministro de Educación
El ministro de Educación peruano, Morgan Quero, comentó que la posible iniciativa para aplicar la pena de muerte será explicada en detalle próximamente. Afirmó: «En los próximos días seguro tendremos más información», y negó que se trate de «una medida populista», considerándola como «una medida muy sentida por la población».
Antecedentes sobre la pena de muerte
Boluarte había solicitado el pasado 10 de diciembre de 2024 abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. Fuentes oficiales informaron en febrero que el gobierno presentará un informe sobre este planteamiento durante este mes.
Es importante recordar que la pena de muerte no es aplicable en Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo permite este castigo en casos de traición a la patria. Además, el país ratificó en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que restringe dicho castigo.
