El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, defendió este jueves 13 de marzo de 2025 la implementación de clases virtuales como parte de las medidas transitorias para enfrentar la crisis de combustible. Silva aseguró que esta decisión se tomó en consideración a la dificultad que enfrentan las familias para movilizarse debido a la escasez de carburantes.
Silva explicó que numerosos padres de familia han expresado su preocupación por la falta de transporte público, lo que complica el traslado de los estudiantes a las unidades educativas. “Yo permanentemente estos días he recibido quejas de padres de familia que no pueden subir a un minibús, que no pueden llevar a los hijos al colegio porque no hay el transporte normal y no tenemos transporte normal porque no tenemos acceso a los combustibles”, dijo.
Medidas para facilitar la educación
En este contexto, la autoridad señaló que la medida de las clases virtuales en las ciudades busca aliviar esta problemática y facilitar el acceso a la educación mientras se normaliza el suministro de combustibles. “Hay que pensar en la población y la población está exigiendo que se tomen medidas momentáneas hasta que se normalice este tema (desabastecimiento de combustible) y de esta manera se pueda facilitar el tema educacional principalmente”, mencionó.
Críticas a la decisión
El anuncio de las clases virtuales fue cuestionado por varios legisladores y analistas, quienes compararon la decisión con las restricciones impuestas durante la pandemia de covid-19. Argumentaron que muchas familias carecen de acceso a internet y dispositivos tecnológicos, lo que podría afectar el aprendizaje de los estudiantes.
Otras medidas del Gobierno
Las clases a distancia forman parte de las diez medidas anunciadas por el Presidente Luis Arce el 12 de marzo de 2025, en el marco de la crisis económica marcada por la falta de dólares y el desabastecimiento de combustible. Entre otras disposiciones, el Gobierno determinó horario continuo laboral, posibilidad del teletrabajo, reducción del uso de vehículos estatales, priorización del abastecimiento de diésel para el sector agropecuario y reforzamiento del control en fronteras y estaciones de servicio.
