Agrupaciones de mujeres han decidido enviar 1.000 cartas al Presidente de Bolivia, Luis Arce, con el objetivo de exigir acciones concretas contra la violencia de género y la reincorporación del presupuesto destinado a implementar una ley que ya está en vigor. Esta información fue proporcionada este lunes por la Fundación Voces Libres.
Mercedes Cortez, coordinadora nacional de Voces Libres, declaró a los medios locales: «Hoy vamos a tomar acciones más concretas, vamos a exigirle al Presidente del Estado enviando estas cartas de mujeres que han sufrido violencia (…) que nos dé una respuesta sobre la reincorporación del presupuesto que ha sido reducido».
En la plaza 14 de Septiembre, en la ciudad de Cochabamba, decenas de mujeres se reunieron para mostrar las cartas que las víctimas de violencia han escrito a mano dirigidas al mandatario.
Objetivo de la estrategia
Cortez explicó que el propósito de esta estrategia es que «cada día le llegue una carta» al Presidente para «denunciar» que la Ley 348, que garantiza a la mujer una vida libre de violencia, «nunca fue aplicada por falta de estrategias y políticas públicas».
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Distintos colectivos feministas, organizaciones sociales y autoridades del Gobierno conmemoraron el fin de semana el Día Internacional de la Mujer. Durante estas actividades, se llevaron a cabo manifestaciones y actos en varias regiones del país, donde se exigieron acciones contundentes por parte del Estado para combatir la violencia hacia las mujeres.
Índices de violencia en Bolivia
Bolivia se encuentra entre los países de la región con los índices más altos de violencia hacia las mujeres. Según datos de la Fiscalía boliviana, desde el 1 de enero hasta el 7 de marzo se registraron 8.477 casos de delitos relacionados con la violencia contra la mujer.
De este total, 6.518 fueron denuncias por violencia familiar o doméstica. Además, se registraron 11 feminicidios, 554 casos de abuso sexual y 515 de violación.
La Ley 348 y sus desafíos
La Ley 348 establece que el feminicidio se castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto, que es la pena máxima en la legislación boliviana. Sin embargo, las organizaciones feministas han denunciado durante años que esta norma no se cumple plenamente debido a carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos de violencia.
