Por: Ronald Nostas Ardaya / Latinoamérica 21
Bolivia enfrenta una crisis económica multidimensional caracterizada por un elevado déficit fiscal, escasez de divisas, inflación elevada y caída de la producción. Las causas principales se encuentran en el freno a la aplicación del modelo de desarrollo público privado implementado en los años 80 y 90, y su reemplazo por un estatismo radical que desplazó a la inversión privada, se concentró en la exportación de gas y minerales, e impuso una supremacía de decisiones políticas sobre las leyes del mercado, generando un vector de distorsión que se acrecentó en los últimos 20 años, debido a las crecientes subvenciones de carburantes y alimentos.
Al disminuir los ingresos por exportación de gas y frente a la crisis generada por la pandemia y la inflación en los mercados externos, el modelo económico sucumbió aceleradamente, enrumbando al país hacia una de sus peores crisis del último siglo. El problema generado es tan grave, que requiere un equilibrio entre rectificaciones inmediatas y reformas estructurales, respaldado por consenso político y cooperación internacional.
De manera urgente, es necesario realizar un ajuste fiscal que reduzca el gasto corriente en un porcentaje no menor al 20%, recortando el subsidio a los carburantes, disminuyendo la burocracia estatal y cerrando o transfiriendo la propiedad de las empresas estatales deficitarias al sector privado. Asimismo, es necesaria una reforma impositiva que incluya a los sectores de la economía informal como las cooperativas y los productores de coca, en el pago igualitario de impuestos para aumentar la recaudación interna.
Un segundo bloque de medidas debe incluir la devaluación del Boliviano para alinear el tipo de cambio oficial con el mercado paralelo, seguida de un ajuste gradual para evitar efectos negativos sobre la población más desprotegida. Estas medidas deben acompañarse de la eliminación de todas las restricciones a la compra venta de dólares, y de garantizar la autonomía del Banco Central para administrar la política monetaria sin interferencias partidarias.
La inflación es uno de los temas más complejos de enfrentar porque requiere una combinación de medidas económicas y sociales que, por un lado, eviten la pérdida abrupta del valor adquisitivo de los ingresos y, por otro, disminuyan el riesgo de una debacle del aparato productivo. Por ello es necesario mantener controles temporales de precios, solo en productos básicos de la canasta familiar, mientras se eliminan progresivamente en otros sectores, y autorizar la libre importación sin restricciones.
Estas medidas deben acompañarse de una política radical para reactivar el sector exportador, con incentivos fiscales y reducción de las trabas burocráticas para la agroindustria, manufactura y minería. Es imperativo eliminar los límites al comercio exterior y prohibir cualquier suspensión de permisos como los que se aplican actualmente a la soya y la carne.
El ingreso de dólares a la economía es una urgencia ineludible, por ello se deben aprobar todos los créditos pendientes en la Asamblea Legislativa, además de amplificar y reglamentar de manera más precisa las transacciones digitales y el uso de criptomonedas, consolidar el uso de swaps en el comercio bilateral y, devolver al sistema financiero los 3.000 millones de $us del Fondo de Garantías.
El sinceramiento de las cuentas nacionales y de las finanzas públicas, y la transparencia en las cifras económicas son condiciones imprescindibles para mejorar la confianza en los mercados, atraer inversión extranjera y, sobre todo, para gestionar un paquete de créditos de los organismos internacionales, que deben ser adquiridos con el mecanismo de Facilidad Extendida, y administrados bajo estricta vigilancia de un control social efectivo y despolitizado.
El papel del sector privado es fundamental en este proceso, por ello es necesario modernizar el sistema financiero, generar incentivos fiscales para la inversión y la reinversión de utilidades, ajustar las regulaciones laborales, garantizar la seguridad jurídica, involucrar al sector privado en la planificación, facilitar el acceso a crédito a las mypes, y eliminar las preferencias y el monopolio otorgado a empresas públicas como BOA, YPFB, la Gestora, Banco Unión, ENTEL, UNIVIDA y otras.
La crisis económica que nos aqueja requiere decisiones políticamente complejas pero necesarias para recuperar la estabilidad y el crecimiento. Si bien a corto plazo se busca aliviar la actual situación, las reformas estructurales a mediano plazo son esenciales para evitar futuras crisis y construir una economía más diversificada y sostenible. La clave está en una combinación de disciplina fiscal, apertura económica y fortalecimiento institucional. Curiosamente, el riesgo principal sigue siendo la polarización política, que podría impedir cualquier reforma o ajuste.
Ronald Nostas Ardaya es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
