El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió su gestión ante las acusaciones de corrupción que fueron formuladas por el diputado Héctor Arce durante una sesión en la Cámara de Diputados.
Montenegro afirmó que ha cumplido con sus responsabilidades al remitir información sobre la contratación del muelle flotante en Puerto Busch a la Contraloría General del Estado. Rechazó las imputaciones en su contra, asegurando que no está involucrado en actos corruptos.
Funciones del ministerio
Montenegro explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas actúa como una entidad tutora que coordina con otras entidades sus reglamentos en relación a los sistemas de administración, normas generales y el control posterior. La Constitución establece que cada Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable por el uso y la asignación de los recursos.
El diputado Héctor Arce reconoció haber cometido un error al dirigir sus preguntas al ministro, cuando debió hacerlo a la entidad correspondiente.
Información remitida a la Contraloría
El 10 de septiembre de 2024, se enviaron a la Contraloría General del Estado 11 carpetas con información sobre la contratación del muelle flotante en Puerto Busch. Montenegro destacó que es en esta instancia donde se llevará a cabo el control de lo adquirido e invertido.
Afirmó que pronunciarse sobre el tema podría considerarse usurpación de funciones y anularía los actos de control posterior.
Derecho a la defensa
Montenegro también mencionó su derecho a defenderse ante las acusaciones del diputado Arce, quien lo llamó corrupto. «No se puede mellar la dignidad de las personas», expresó. Reiteró que no está involucrado en ningún acto de corrupción y subrayó que su presencia ante la cámara demuestra su compromiso con la transparencia.
Contexto de tensión política
El ministro recordó que hace 3 semanas, Arce solicitó una dispensa para no llevar adelante este tema. «Nos hemos presentado aquí porque no somos corruptos y siempre vamos a dar la cara», afirmó.
En cuanto a posibles sanciones para quienes incurran en corrupción, indicó que esa decisión corresponde al Presidente Luis Arce y debe ser evaluada cuidadosamente para no afectar al pueblo boliviano.
La situación actual refleja un contexto tenso entre el gobierno y algunos sectores opositores, donde las acusaciones pueden tener repercusiones significativas en la percepción pública sobre la gestión gubernamental y su capacidad para manejar recursos públicos.
