El defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, ha manifestado su preocupación por el acuerdo migratorio que fue firmado entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Este acuerdo comenzará a regir a partir de hoy, 21 de febrero de 2025. La Defensoría del Pueblo ha enviado notas a diversas autoridades con el fin de solicitar la inclusión de sugerencias que aseguren la protección de los derechos de las personas migrantes.
Callisaya explicó que se llevó a cabo un análisis del documento para “garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de ciudadanos de terceros países que se dirigen a Chile”. Este análisis busca anticipar posibles impactos que podrían surgir antes de la implementación y desarrollo del reglamento, especialmente en relación con la población más vulnerable en situación de movilidad humana.
Preguntas sin respuesta
El defensor del Pueblo subrayó que el reglamento necesita aclarar qué sucederá si un extranjero que transitó por Bolivia es devuelto al país. “¿Esta persona se quedará en Bolivia? ¿Regresará a su país de origen? ¿Qué pasará con los niños que estén acompañados por adultos que no puedan demostrar su parentesco? ¿Cómo se manejará a las personas que soliciten asilo? Hay muchos temas que requieren aclaración”, argumentó Callisaya.
Propuestas y recomendaciones
La Defensoría del Pueblo ha elaborado un documento que incluye observaciones, propuestas y recomendaciones clave sobre la aplicación del acuerdo. Este documento se enfoca en garantizar la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países que hayan evadido el control migratorio en un radio de diez kilómetros de la frontera. También se proponen medidas de protección para niñas, niños y adolescentes no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos.
Además, se sugiere la implementación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas y el fortalecimiento técnico y logístico de las entidades que operan en la frontera. Esto es fundamental para asegurar una gestión migratoria adecuada.
Compromiso con la frontera
Callisaya destacó que, conforme al Plan de Fronteras 2024-2028, la Defensoría del Pueblo continuará realizando las gestiones necesarias, así como el seguimiento y monitoreo de las zonas fronterizas con Chile. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que dialoguen sobre la aplicación del acuerdo, con el objetivo de garantizar condiciones justas y seguras para las cientos de personas que transitan diariamente hacia Chile.
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