La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de derogar la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta disposición ha sido calificada por el sector industrial como «confiscatoria».
Durante una conferencia de prensa, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, junto al presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, manifestaron su oposición a esta disposición y solicitaron su derogación a través de cartas dirigidas al Presidente Luis Arce y a otros líderes legislativos.
Camacho enfatizó que su sector no tiene una postura política al rechazar la disposición. “Nuestra posición de derogar la citada disposición no puede ser interpretada como una posición política, ya que se ha expuesto de forma reiterada que es atentatoria a derechos constitucionales y va en contra del sector productivo y de abastecimiento”, afirmó.
Unidad del sector empresarial
Por su parte, Danilo Velasco, presidente de la Caneb, destacó que el sector empresarial se mantiene unido en la demanda de derogación de la disposición adicional séptima del PGE.
Además del anteproyecto de ley, se han enviado cartas al Presidente Luis Arce, al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, y a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra, respectivamente.
Diálogo con el Gobierno
El Gobierno ha manifestado su intención de dialogar con los diferentes sectores para aclarar las dudas que tienen y avanzar en la reglamentación de la disposición. Esta medida ha sido rechazada por varios sectores debido a sus implicaciones en los derechos constitucionales y su impacto negativo en el sector productivo.
