Bolivia Economía Gremiales

Diputado Vega defiende disposición séptima del PGE sobre «control de alimentos»

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Vegael / LA PATRIA Archivo
La disposición adicional séptima del presupuesto permite al gobierno decomisar productos en Bolivia. Gustavo Vega señala la necesidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables del mercado.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Vega, ha defendido la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado. Esta disposición otorga al gobierno central la facultad de «controlar el agio y la especulación» de alimentos en Bolivia. Para ello, se contempla la posibilidad de realizar decomisos y otras acciones coercitivas.

Por otro lado, la bancada de Comunidad Ciudadana ha presentado un proyecto para derogar estos artículos. Sin embargo, Vega aseguró que continuarán apoyando esta medida, respondiendo a las demandas de la población que exige un mayor control sobre los precios y la distribución de alimentos.

Apoyo a la disposición

Vega enfatizó: «apoyamos esta disposición séptima, que otorga al gobierno central la facultad de controlar a los malos bolivianos y a los malos empresarios que hacen agio, ocultan alimentos y lucran a costa del pueblo boliviano».

El diputado también destacó la importancia de que la Cámara de Diputados promueva el diálogo y la solidaridad con los bolivianos más necesitados. Según Vega, hay personas con pocos recursos que trabajan día a día y son las más perjudicadas por la especulación y los precios elevados.

Críticas a la derogación

En este contexto, se presentó un proyecto para derogar estos artículos, lo cual ha generado críticas hacia quienes defienden sus intereses económicos. «El pueblo ya nos está pidiendo que alguien controle», afirmó Vega, quien considera que el gobierno central es el ente responsable para llevar a cabo esta tarea.

La disposición adicional séptima se presenta como una herramienta necesaria para enfrentar las irregularidades en el mercado alimentario. Sin embargo, ha sido objeto de controversia, ya que los grupos empresariales y productivos del país consideran que esto generará falta de seguridad jurídica.

Defensa del gobierno

Por su parte, el Gobierno defiende esta medida, asegurando que existen personas que cometen especulación de precios. La situación actual ha llevado a un debate sobre la mejor manera de garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de la población boliviana.


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