El presidente Donald Trump cumplió este martes con otra de sus promesas de campaña al firmar una orden ejecutiva que prohíbe el tratamiento de transición de género y las cirugías para menores de 19 años, a las que considera «mutilación sexual».
La orden ejecutiva comienza con una crítica a la situación actual, señalando que muchos médicos «están mutilando y esterilizando a un número cada vez mayor de niños bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo a través de una serie de intervenciones médicas irreversibles».
Trump afirma que «esta peligrosa tendencia será una mancha en la historia de nuestra nación y debe terminar». Este tema, junto con la inmigración, ha sido uno de los argumentos electorales más repetidos por el republicano. En su discurso de toma de posesión, ya había adelantado sus intenciones al declarar que «solo hay dos géneros: masculino y femenino».
Política de Estados Unidos
Con la firma de esta orden, se establece que será política de EE.UU. no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada «transición» de un niño de un sexo a otro. El documento especifica que «se aplicarán rigurosamente» todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos, que son considerados «destructivos y que alteran la vida».
La orden también critica a la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), acusándola de «disfrazar de necesidad médica» la voluntad de cambiar de género.
Financiamiento y medidas a tomar
Además, la orden ejecutiva ordena que se detenga «de inmediato» la asignación de fondos federales para investigación o educación a instituciones médicas que no pongan fin a esta práctica.
Entre las acciones que se requieren del Secretario de Salud y Recursos Humanos, se incluye la obligación de tomar las medidas apropiadas para poner fin a estos procedimientos. También se exige que se excluya de la cobertura médica de empleados federales y del Medicaid, que beneficia a personas con ingresos limitados, entre otros.
Informe sobre la implementación
Por último, la orden exige que, en un plazo de 60 días, las agencias a las que se aplica esta orden ejecutiva presenten un informe sobre su implementación.
EFE
