Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 17 de agosto de este año, según lo informado este jueves 23 de enero por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta fecha es diferente a la inicialmente prevista, que era el 10 de agosto. Además, el TSE ha convocado a una cumbre interinstitucional para discutir temas relevantes para el proceso electoral.
La decisión de cambiar la fecha fue tomada durante una sesión de la Sala Plena que se realizó en Santa Cruz. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, proporcionó esta información durante una conferencia de prensa.
“La fecha, ya definida e inmodificable, es el 17 de agosto. La convocatoria será emitida en la primera o segunda semana del mes de abril”, confirmó Hassenteufel en su declaración.
Hassenteufel subrayó la importancia de que todos los actores sociales y políticos se comprometan a respetar el principio de preclusión. Esto es fundamental para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin interrupciones.
Cumbre interinstitucional
En este contexto, el TSE ha convocado a una cumbre interinstitucional que se llevará a cabo el lunes 17 de febrero a las 09:00 horas en Santa Cruz. En esta reunión participarán representantes de diferentes órganos del Estado, así como instituciones y líderes políticos, incluido el Presidente Luis Arce.
El objetivo de la cumbre es delinear los pasos a seguir para «blindar» el proceso electoral y generar certidumbre entre los ciudadanos, según indicó Hassenteufel.
Diálogo y coordinación
Por su parte, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, aseguró que no existe peligro para la realización de los comicios en agosto. Sin embargo, destacó la importancia de fomentar el diálogo y la coordinación entre los actores políticos e institucionales.
Ávila mencionó que durante la cumbre se tratarán temas clave, como el padrón electoral y la organización de circunscripciones, para asegurar la correcta ejecución del proceso electoral.
Invitaciones a autoridades
Finalmente, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe adelantó que se enviarán invitaciones a las autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y otros representantes políticos. Esto tiene como objetivo promover un trabajo conjunto en favor de un proceso electoral transparente y confiable.
