La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una nueva ley que permite a las autoridades migratorias detener a inmigrantes indocumentados que cometan robos y otros delitos menores. Esta legislación se convierte en la primera que firmará el presidente Donald Trump en su segundo mandato.
La iniciativa fue aprobada en el pleno de la Cámara con un total de 262 votos a favor, que incluyen a miembros de la bancada republicana y 46 legisladores del Partido Demócrata. En contra, se registraron 156 votos.
Este proyecto de ley ya había superado su primer trámite parlamentario el lunes, cuando fue aprobado en el Senado con 75 votos favorables. Entre estos, se contaron 12 senadores demócratas, mientras que 35 senadores votaron en contra.
La normativa lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería que fue asesinada en Georgia en 2024. El responsable de este crimen, José Ibarra, es un migrante venezolano que fue declarado culpable.
Detalles de la ley
Los arrestos que contempla esta ley incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas. Los inmigrantes detenidos pasarán a estar bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, el texto autoriza a los fiscales generales de los estados a intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas facultades, se les permitirá presionar al Departamento de Estado para que no conceda más visas a ciudadanos de países que no acepten deportaciones desde Estados Unidos.
Críticas a la propuesta
La propuesta, que fue impulsada por el congresista republicano de Georgia Mike Collins, ha recibido críticas de expertos en leyes migratorias y activistas. Ellos argumentan que esta legislación atenta contra el debido proceso y facilita los planes de deportaciones masivas que ha prometido el nuevo presidente Donald Trump.
Costos de implementación
Según estimaciones de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de 3,000 millones de dólares adicionales en su presupuesto. También se requeriría aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 70,000 camas para poder llevar a cabo esta ley.
