La ministra de Salud, María Renée Castro, desmintió nuevamente este lunes 20 de enero de 2025 que su despacho haya prohibido la atención médica al expresidente Evo Morales. Morales enfrenta acusaciones de trata agravada de personas y no asistió a dos audiencias judiciales en Tarija. El exmandatario afirmó que médicos le informaron sobre una supuesta prohibición del Ministerio de Salud para emitir certificados médicos que justificaran su inasistencia.
Castro escribió en sus redes sociales: «Desmentimos que se hayan emitido instrucciones que impliquen negar atención a ninguna persona que lo necesite. Sus aseveraciones (las de Morales) ponen en duda la ética y profesionalidad de los médicos de nuestro país». La ministra pidió al expresidente «no politizar» la salud y «asumir» como cualquier ciudadano boliviano su responsabilidad ante la Justicia.
Acusaciones contra Morales
Morales fue citado a comparecer en dos ocasiones en los últimos días ante un juzgado de Tarija para responder a la acusación de trata agravada de personas. Esta acusación se relaciona con una supuesta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo un hijo en 2016, mientras ejercía la Presidencia de Bolivia.
La defensa de Morales presentó el martes pasado un certificado médico que indicaba que padecía una bronconeumonía, por lo que debía guardar «reposo absoluto». El juez Nelson Rocabado aplazó la audiencia con la condición de que el exmandatario demostrara su enfermedad en 48 horas.
Consecuencias legales
La certificación de la salud de Morales no se entregó a tiempo y el juez declaró en «rebeldía» a Morales cuando la audiencia se restituyó el pasado viernes. El juez emitió entonces una orden de captura y ordenó el bloqueo preventivo de sus bienes, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Durante un programa en la emisora cocalera Kawsachun Coca, Evo Morales aseguró el domingo que recurrió a varios médicos que le informaron que el Ministerio de Salud les había «prohibido» hacerle estudios y emitir certificados.
Denuncias de Morales
Morales también señaló que consultó a un médico privado que le hizo una valoración y le entregó una certificación. Sin embargo, este facultativo fue despedido posteriormente. «El Gobierno impidió con amenazas a profesionales cardiólogos, neumólogos, entre otros, que revisen mi estado de salud, por la bronquitis, hipertensión aguda y bradicardia que me afecta en la actualidad», escribió Morales este lunes en redes sociales, reiterando su denuncia.
Esto es «un verdadero abuso y una violación de derechos fundamentales», denunció el exgobernante, quien permanece desde octubre pasado en el trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. Allí se encuentra resguardado por sus seguidores ante una eventual aprehensión.
