El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas, denunció este lunes 20 de enero de 2025, presuntas irregularidades en la compra de equipos médicos por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS). Según Vargas, se detectó un sobreprecio de aproximadamente 12 millones de bolivianos en esta transacción.
Vargas informó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el pasado viernes y está dirigida contra el gerente general de la CNS, René Delgado Aguirre. La controversia gira en torno a un proceso de licitación pública para la adquisición de 3 tomógrafos, 4 equipos de rayos X y 6 arcos en C, con un monto total superior a 50 millones de bolivianos.
“Se firma el contrato por 45 millones de bolivianos para la compra de 3 tomógrafos y 5.749.990 bolivianos es para 4 rayos X y 6 arcos en C. Todo este proceso ha tenido alteraciones, no ha seguido el procedimiento que se debería cumplir y, además, tiene sobreprecios en cada uno de los equipos”, declaró Vargas.
Cuestionamientos a la licitación
El senador también mencionó que la convocatoria, publicada el 12 de noviembre de 2024, fue objeto de cuestionamientos por parte de 8 empresas interesadas. Estas empresas afirmaron que los términos del proceso favorecían a una única compañía.
A pesar de las observaciones realizadas por la comisión de calificación y la unidad de transparencia de la CNS, el proceso de adjudicación continuó sin cambios.
Detalles sobre la empresa adjudicataria
La empresa que ganó el proyecto fue la compañía IBG. Vargas destacó que los equipos adquiridos presentan un sobreprecio considerable y no cumplen con los estándares de calidad que se esperaban.
Además, indicó que los tomógrafos, que supuestamente son de fabricación china, son modelos antiguos que podrían haber sido negociados a un costo menor con proveedores de equipos japoneses, que ofrecen una calidad superior.
Solicitudes al gobierno
En este contexto, el legislador solicitó al Presidente Luis Arce y al Ministerio de Salud la destitución inmediata del gerente general de la CNS. Vargas argumentó que los recursos de los asegurados deben ser utilizados de manera transparente y eficiente.
Asimismo, exhortó a las autoridades a garantizar que los procesos de contratación pública prioricen el interés nacional y el bienestar de la población.
Investigación en curso
Actualmente, la denuncia está en manos de la Fiscalía, que deberá investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
