El diputado Carlos Alarcón ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta disposición permite llevar a cabo acciones de control y decomiso de productos en el sector alimentario.
La iniciativa fue presentada el 16 de enero de 2025 y busca atender las críticas que han surgido desde diversos sectores del aparato productivo nacional. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, ha señalado que la decisión final sobre este proyecto recae en la Asamblea Legislativa.
Detalles de la disposición
La disposición en cuestión establece que las entidades competentes tienen la facultad de activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos. Esto se aplica a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o intenten encarecer los precios de estos productos.
Además, la norma indica que todos los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales deben declarar información relacionada con la producción, transformación y comercialización. Esta declaración debe hacerse de acuerdo con la reglamentación que ha sido aprobada por una Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, así como de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Justificación del proyecto
El artículo único del proyecto de ley presentado por Alarcón establece que “se deroga la disposición adicional séptima de la Ley 1613 de fecha 1 de enero de 2025 del Presupuesto General del Estado – Gestión 2025”. Este documento cuenta con el sello de «Recibido» con fecha 16 de enero y ha sido enviado al despacho de Omar Yujra, presidente de la Cámara Baja.
En su justificación, Alarcón ha advertido que esta disposición configura lo que él denomina “terrorismo de Estado contra industriales, comerciantes y gremialistas de alimentos”. Según su perspectiva, esta medida amenaza con la confiscación y el decomiso por parte de autoridades administrativas, basándose únicamente en la sospecha de que estos actores económicos podrían tener la intención de aumentar los precios en sus ventas.
Reacciones del sector productivo
La propuesta legislativa surge en un contexto donde se ha manifestado un fuerte rechazo por parte de diversas esferas del aparato productivo nacional hacia esta disposición. Alarcón ha instado al Gobierno a instruir a sus diputados para que aprueben la iniciativa con dispensación de trámite.
