La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha solicitado al Gobierno que se derogue la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Los empresarios argumentan que esta medida genera incertidumbre y tiene un impacto negativo en el sector productivo y comercial del país.
En un pronunciamiento oficial, los empresarios expresaron su inquietud por la ausencia de un diálogo previo antes de implementar esta disposición. Esta falta de comunicación ha aumentado la desconfianza y ha dado lugar a conflictos sociales.
Impacto en la seguridad económica
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida incluida en el PGE ha provocado “inseguridad y zozobra” entre los productores nacionales y el comercio formal. Los empresarios consideran que la implementación de esta disposición no siguió los procesos adecuados de coordinación y diálogo con los sectores afectados.
El comunicado de la CEPB señala: “La indudable inseguridad y zozobra generada por la Disposición Séptima del PGE 2025 entre los productores nacionales y el sector del comercio evidencian la necesidad de que la coordinación y el diálogo previo sean los mecanismos indispensables que se apliquen en cualquier decisión que afecte a los sectores productivos”.
Ajustes normativos urgentes
Además, los representantes del sector empresarial han pedido al Gobierno nacional que realice “ajustes normativos urgentes” para derogar la medida y así evitar mayores perjuicios económicos y sociales. También han enfatizado la importancia de fortalecer las acciones para combatir problemas estructurales como el contrabando, el agio y la especulación, que son considerados los principales generadores de distorsiones en el mercado.
“Pedimos al Gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios. Es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren”, afirmaron los empresarios.
Consecuencias de la disposición
El sector empresarial ha señalado que la vigencia de esta disposición podría resultar en una desaceleración económica y un mayor deterioro de las condiciones para la inversión privada. Por esta razón, han solicitado al Gobierno que priorice el diálogo con todos los sectores productivos para garantizar la estabilidad y sostenibilidad económica del país.
Debate en la Cámara de Diputados
A pesar de que la disposición fue eliminada en una comisión de la Cámara de Diputados, las autoridades no han mostrado disposición para derogar la medida. Sin embargo, se espera que este tema sea debatido en las próximas jornadas.
