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La Policía allana oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz por hechos de corrupción

Se investiga enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas / RRSS
La unidad de Anticorrupción realizó un allanamiento este miércoles para investigar una red de corrupción que involucra a jueces registradores y funcionarios, con una afectación al Estado de 2 millones de bolivianos.

La unidad de Anticorrupción de la Policía realizó un allanamiento este miércoles en las oficinas de Derechos Reales, ubicadas en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Esta acción se lleva a cabo en el contexto de una investigación que involucra manipulación informática y enriquecimiento ilícito, en la que están implicados dos jueces registradores y varios funcionarios de la institución. Se estima que la afectación al Estado asciende a 2.000.000 bolivianos.

Investigación sobre corrupción

Los informes preliminares sugieren que la investigación se centra en una red de corrupción dentro de Derechos Reales. Durante el allanamiento, la Policía se encargó de emitir citaciones y secuestrar documentos relevantes para el caso. Además, se está indagando en un asunto relacionado con la tramitación de títulos de propiedad de inmuebles.

La afectación al Estado, que se calcula en 2.000.000 bolivianos, involucra a dos jueces registradores que supuestamente ordenaban el desvío de estos fondos hacia cuentas de terceros. Las citaciones emitidas son dirigidas al juez registrador y a varios funcionarios, tanto de ventanilla como de inscripción.

Colaboración del Ministerio Público

Tanto el Ministerio Público como la Unidad de Anticorrupción están llevando a cabo la investigación por manipulación informática y enriquecimiento ilícito. Fuentes extraoficiales indican que se presume el desvío de dinero a cuentas privadas de autoridades judiciales. Este hecho ocurrió durante la tramitación de un título de propiedad, y se estima nuevamente que la afectación al Estado es de 2.000.000 bolivianos.

Operativos anteriores

El último allanamiento registrado tuvo lugar en 2024. En esa ocasión, la Fiscalía de Santa Cruz, en coordinación con el Departamento Especializado de Lucha Anticorrupción, llevó a cabo un operativo en las oficinas de Derechos Reales, tanto en el Palacio de Justicia como en Montero. Esta intervención se enmarca dentro de una investigación por presuntos delitos relacionados con manipulación informática y otras irregularidades.


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