Por el homicidio de un capitán del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en Huachacalla, Oruro, dos efectivos militares se encuentran recluidos en la cárcel de San Pedro con detención preventiva. Además, la Fiscalía ha emitido una imputación formal contra otros 7 uniformados de las Fuerzas Armadas por su presunta participación en el crimen, según informó el fiscal Alexander Casanova.
En un principio, se denunció que el capitán del Ejército fue asesinado por contrabandistas. Sin embargo, las investigaciones han descartado esta hipótesis, y ahora todo indica que fueron sus propios colegas los presuntos autores del crimen.
Nueve implicados en el crimen
En enero de 2024, se reportó la muerte violenta del capitán Juan Pablo R.M., de 36 años, entre el hito 33 y 34 en la frontera con Chile. Las primeras versiones del incidente indicaban que había fallecido tras una emboscada por parte de contrabandistas. Otra hipótesis sugería un altercado con inmigrantes. No obstante, las investigaciones del Ministerio Público han descartado estas teorías de manera preliminar.
Las contradicciones en las declaraciones del grupo de militares que se encontraba con la víctima en ese momento han llevado a la Fiscalía a investigar más a fondo, apuntando a que fueron sus compañeros los presuntos responsables del asesinato.
El fiscal a cargo de la investigación, Alexander Casanova, indicó que 2 efectivos militares están procesados por el delito de homicidio y se encuentran en detención preventiva en el penal de San Pedro, en Oruro. Gracias a las investigaciones, se ha ampliado la imputación a otros 7 militares. De estos, 3 han sido acusados de homicidio en grado de complicidad, para quienes se ha solicitado la detención preventiva.
Los otros 4 uniformados están siendo procesados por homicidio en grado de encubrimiento, y se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares menos severas que la detención preventiva.
Audiencia cautelar suspendida
La audiencia cautelar contra los 7 uniformados estaba programada para el 9 de enero, pero fue suspendida debido a la incomparecencia de 2 de los implicados, quienes fueron declarados rebeldes por el juez a cargo. Otro de los acusados presentó un certificado médico que justificaba su ausencia, y un militar se presentó sin su defensa técnica. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia cautelar.
El fiscal Casanova también destacó que aún se están realizando actos de investigación para determinar la participación de otras personas en el caso.
Homicidio del capitán
En enero de 2024, las autoridades de Gobierno y de la Policía informaron sobre el fallecimiento del capitán del CEO y el inicio de las investigaciones. En un primer momento, se mencionó la posible participación de contrabandistas e inmigrantes, pero esta hipótesis fue descartada debido a las lesiones que presentaba el cadáver y las versiones de los ahora imputados.
Esto llevó a la Fiscalía a investigar al grupo cercano al occiso. “Traducida la escena del hecho y las lesiones que presentaba el cuerpo, la versión de los ahora imputados no coincide con la escena. Es por eso que ha existido duda de parte del Ministerio Público y se ha percutado aquella investigación para establecer, en definitiva, cuáles han sido las causas reales de la muerte de esta persona”, declaró el fiscal.
