El Comité de Energía e Hidrocarburos ha aprobado, en primera instancia, dos contratos para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, Bolivia. Estos contratos están a favor de empresas rusas y chinas, pero no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de la Cámara de Diputados. Esta denuncia fue realizada por el diputado Guillermo Benavides, del partido Comunidad Ciudadana.
Benavides señaló que la sesión en la que se aprobaron los contratos fue nula. Esto se debe a que no se presentó la documentación necesaria al menos 24 horas antes, como lo exige el artículo 75 del reglamento. Además, el diputado mencionó que los contratos no fueron entregados en su totalidad, ya que solo se presentó el contrato principal, sin los anexos requeridos para un análisis completo.
Detalles del contrato con China
El contrato con la empresa china Hong Kong CBC incluye una inversión aproximada de 1.000 millones de dólares. Bolivia deberá devolver esta suma con un interés del 12% anual y otros costos adicionales. Es importante destacar que la empresa no es propietaria de la licencia y se le otorgará el litio por un periodo de 30 años. Además, Bolivia deberá pagar 1.700 dólares por cada tonelada procesada y reembolsar todos los costos operativos relacionados con la producción.
Acuerdo con la empresa rusa
En cuanto al contrato con la empresa rusa Uranium, se observó que esta compañía carece de experiencia en la explotación y producción de carbonato de litio. El acuerdo establece que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) venderá el litio producido a los rusos a precios que ellos mismos fijarán. Esto limita la capacidad comercializadora del país, lo que genera preocupaciones sobre la viabilidad del acuerdo.
Cuestionamientos económicos
Benavides cuestionó la viabilidad económica del acuerdo, señalando que para alcanzar un ingreso proyectado de 415 millones de dólares anuales por la venta de 15.000 toneladas, el precio por tonelada debería ser de 32.000 dólares. Sin embargo, actualmente el valor del litio es significativamente menor, y se estima que alcanzará un máximo de 18.000 dólares para el año 2030.
Preocupaciones ambientales
El diputado también destacó preocupaciones ambientales relacionadas con el uso excesivo del agua subterránea del salar. Además, mencionó la falta de estudios adecuados sobre el impacto ambiental y la ausencia de consulta previa a las comunidades afectadas por estos proyectos.
Por último, Benavides decidió abandonar la sesión del comité debido a las irregularidades en el proceso. Anunció que solicitarán la nulidad de dicha aprobación, calificándola como «nula», «fraudulenta» y «una trampa».
